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sociedad - DOMINGO, 22 DE JULIO DE 2012


iglesia de áfrica. archivo.

unión general de trabajadores
 

UGT: “La Iglesia no paga el
IBI y recibe del Estado 159
millones de euros al año”

La central sindical pide que se “recorten esos privilegios medievales” y recuerda que “el coste insufrible para salir de esta crisis lo estamos pagandos todos los españoles”
 

CEUTA
José Manuel Rincón

ceuta
@elpueblodeceuta.com

UGT ha denunciado a través de un nuevo informe que “el coste insufrible para salir de esta crisis lo estamos pagando todos los españoles, con bajadas de salarios, pérdidas de derechos laborales y millones de desempleados”, mientras el Boletín Oficial del Estado del pasado día 30 de junio recogía que “durante el año 2012 el Estado entregará mensualmente a la Iglesia Católica la cantidad de 13.266,216,12 euros mensuales”. La central sindical ha mostrado su rechazo a este tipo de subvenciones máxime cuando “la Iglesia Católica está exenta de pagar el impuesto de bienes inmuebles de sus propiedades y el impuesto de recogida de basura”.

Las últimas medidas de ajustes presentadas por el Gobierno de Rajoy y aprobado tan sólo con los votos a favor del PP en el Congreso de los Diputados el pasado jueves, siguen cosechando críticas y prueba de ello son las que prácticamente a diario surgen desde la Federación de Servicios Públicos de UGT.

El último informe realizado por la FSP-UGT para criticar las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación y demostrar que el Ejecutivo de Rajoy se “equivoca” en donde realizar los ajustes para sanear las arcas se basa en la asignación que el Estado entrega mensualmente a la Iglesia Católica.

A este respecto, desde la FSP-UGT se destaca que tal y como queda reflejado en el Boletín Oficial del Estado del pasado 30 de junio, en la página 46.587, el Estado le entregará mensualmente a la Iglesia Católica la cantidad de 13.266.216,12 euros, “¡a cuenta de la cantidad final que se le asigne!”. La central sindical denuncia que esta cantidad mensual, multiplicada por los 12 meses del año supone que la Iglesia Católica cobrará del estado un total de 159.194.593,44 euros, o lo que sería lo mismo, un total de 26.487 millones de las antiguas pesetas en un año.

Además de la “desorbitada cifra”, la Federación de Servicios Públicos de la UGT destaca que el Estado también beneficia a la Iglesia Católica en otros aspectos ya que “no paga el impuesto de bienes inmuebles de ninguna de sus propiedades, incluso los miles de edificios que tiene en propiedad y alquilados, así como tampoco paga el impuesto de recogida de basuras por ninguno de dichos inmuebles”.

El informe realizado desde la central sindical también desvela que en todos estos beneficios no están contemplados las subvenciones estatales que se conceden a ‘Cáritas Diocesana’.

Desde UGT se afirma que “el coste insufrible para salir de la crisis lo estamos pagando todos los españoles, con bajadas de salarios, pérdida de derechos laborales y millones de desempleados, mientras la Iglesia Católica, gracias a esos privilegios medievales, recibe esas desorbitadas cantidades gracias a nuestro dinero y al dinero de nuestros impuestos”.

Finalmente desde la central sindical se insta a los ciudadanos a dirigirse a los diputados y senadores para exigirles que cambien dichas leyes y se supriman estas subvenciones, además de animarles a acudir a las diferenes manifestaciones y movilizaciones convocadas con el fin de protestar por estas medidas que consideran “injustas”.

Precisamente, el pasado jueves quedaba constituida la Plataforma Sindical de Empleados Públicos con el objetivo de contestar a través de la acción sindical conjunta, la convocatoria de movilizaciones y cuantas medidas de presión de consideren oportunas, a la “brutal agresión que desde hace unos años venimos sufriendo por parte de las distintas Administraciones en el ámbito estatal y diferentes comunidades autónomas, que se ha agravado con la promulgación del Real Decreto 20/2012 de 13 de julio con el que el Gobierno no solo hace recaer el peso de la crisis sobre los empleados públicos, y con las medidas de marcado carácter antitonstitucional que anulan derechos reconocidos e invaden competencias de las Comunidades Autónomas y corporaciones locales, dando con todo ello un auténtico golpe de mano a la democracia”.
 

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