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					SEMFYC es la federación de las 17 Sociedades de Medicina 
					de Familia y Comunitaria que existen en España y agrupa a 
					más de 19.500 médicos de familia. A través de su página web, 
					han impulsado una plataforma en la que el personal sanitario 
					puede mostrar su rechazo a la medida anunciada por el 
					Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, según 
					la cual quedarán excluidos, a partir del 1 de septiembre, 
					del sistema nacional de salud, los inmigrantes irregulares. 
					Ya son más de 1.160 los médicos que han firmado esta 
					objeción de conciencia para así sí poder atender a este 
					colectivo vulnerable. Savador Tranche es el secretario 
					general de SEMFYC y cuestiona si este Real Decreto se ajusta 
					al código deontológico médico. 
					 
					Pregunta.- ¿Cómo surge la iniciativa de poner en la web la 
					posibilidad de hacerse objetor de conciencia? 
					 
					Respuesta.- Surge a raíz del decreto de abril. Nosotros 
					somos una sociedad de médicos de familia, distribuidos a lo 
					largo de todo el territorio español, incluidas Ceuta y 
					Melilla. Tenemos un grupo de trabajo que es de ética y le 
					preguntamos si ese decreto se ajustaba al código 
					deontológico médico. Elaboraron un informe en el que una de 
					las conclusiones era que denegar la asistencia a los 
					inmigrantes en situación irregular choca frontalmente con el 
					compromiso médico-paciente y nos anima a hacer una 
					manifestación pública de este posicionamiento. Como sociedad 
					científica no podemos gestionar la objeción de conciencia 
					pero abrimos un espacio en la página web para que los 
					médicos lo puedan solicitar y esa información se pasa a los 
					colegios médicos y a las consejerías de Sanidad de la ciudad 
					correspondiente. Esto lo comenzamos a mediados de agosto y 
					ya somos más de 1.050 médicos objetores. También pueden 
					inscribirse enfermeros, trabajadores sociales y otros 
					profesionales.  
					 
					P.- ¿Les pueden obligar a no atender a estos pacientes? 
					 
					R.- Es difícil controlarlo en cada consulta. Hay una lucha 
					entre la administración sanitaria, que es la empresa 
					contratante, y nuestro código ético con el paciente, y en 
					esa tesitura nosotros apostamos más por el compromiso con el 
					paciente. Una frase que utilizamos mucho es ‘atendemos 
					personas, no asegurados’. Además, hoy es el colectivo de 
					inmigrantes pero mañana puede ser otro colectivo. Es muy 
					importante que desde el punto de vista social uno tenga la 
					seguridad de que su médico va a seguir comprometido. Lo que 
					ha ocurrido aquí con los inmigrantes es que de la noche a la 
					mañana han cambiado las reglas del juego. Estamos 
					atendiéndolos de una manera continuada y de pronto nos dicen 
					que el día 1 de septiembre ya no puedes atenderlo.  
					 
					P.- El Ministerio de Sanidad lo justifica alegando que es 
					una medida para frenar el turismo sanitario. ¿Qué opina de 
					eso? 
					 
					R.- Estamos de acuerdo con las medidas que frenen el turismo 
					sanitario porque nos parece que es una mala utilización de 
					los servicios sanitarios, pero ahora nos estamos refiriendo 
					a un colectivo que es vulnerable y que es el de los que 
					están en situación irregular. En la mayoría de los casos 
					viven en situaciones insalubres y la propuesta que hace el 
					Ministerio de cobrarles cerca de 60 euros al mes es 
					absolutamente inviable, no pueden pagarlo. Y la opción de 
					que los atiendan en la urgencias nos parece que si tienen 
					una enfermedad crónica el sitio para resolverlo no es las 
					urgencias, que son servicios muy saturados y más caros.  
					 
					P.- ¿Qué alternativa proponen? 
					 
					R.- Un paquete básico de asistencia que incluya Atención 
					Primaria, actividades preventivas de salud pública y la 
					posibilidad de prescribir los medicamentos esenciales de la 
					OMS (Organización Mundial de la Salud). Con eso estaríamos 
					resolviendo el 90 o 95% de los problemas de salud de este 
					colectivo, que no tiene nada que ver con el que acude a 
					España por turismo sanitario.  
					 
					P.- ¿Qué consecuencias puede tener la medida propuesta 
					por el Gobierno? 
					 
					R.- Es peor el remedio que la enfermedad, ¿qué va a pasar si 
					dentro de este colectivo hay personas con enfermedades 
					crónicas graves como un cáncer o sida? Esta medida los 
					excluye aún más y hay enfermedades que en lugar de 
					resolverse harán más daño en la sociedad.  
					 
					P.- ¿La atención Primaria esta siendo de las más 
					afectadas por la crisis? 
					 
					R.- Sí, si los políticos apostaran por la atención primaria 
					y la preventiva, conseguiríamos un sistema más eficiente que 
					haría más cosas con menos dinero. Muchas medidas de recorte 
					se están aplicando en Primaria.  
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