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Se avecina un otoño ‘caliente’ en el sector de la Justicia,
y en Ceuta no va a ser menos. Los jueces y fiscales están
convocados en septiembre a mantener asambleas para
determinar si van a la huelga en contra de los recortes
anunciados por el Gobierno. A dicha huelga podrían sumarse
igualmente los secretarios judiciales, así como los agentes
judiciales. Ya los fiscales de Ceuta, los siete, respaldaron
un manifiesto en el que cuestionaban la medida del Gobierno
y que fue respaldado por f uncionarios del Ministerio
Público de todo el Estado y diferentes niveles jerárquicos.
Los jueces y fiscales de Ceuta, así como los secretarios
judiciales y agentes y funcionarios de la Administración de
Justicia en General están llamados en el mes de septiembre a
dilucidar si van a la huelga en contra de los recortes
promovidos por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Se trataría de una medida que podría colapsar la
Administración de Justicia en la Ciudad, máxime teniendo en
cuenta que, por ejemplo, los dos juzgados de lo Penal de
Ceuta son los que mayor carga de trabajo tienen de toda
España. Además, estarían los juzgados de Primera Instancia e
Instrucción, amén de los demás juzgados existentes en la
Ciudad.
Ya en julio, CCOO-Justicia de Ceuta advertía de que el
decreto de recortes del Gobierno en el sector público, y los
planes del Ministro Ruiz-Gallardón para reducir a su mínima
expresión el Consejo General del Poder Judicial, había
logrado, por primera vez en la historia, poner de acuerdo a
las siete asociaciones de jueces y fiscales. En un
comunicado conjunto, criticabann durísimamente “las medidas
económicas y legislativas” impulsadas por el Gobierno, “cuyo
verdadero objeto es el desmantelamiento del Poder Judicial,
atacando a la independencia de los jueces y a la
imparcialidad de los fiscales”, aprovechando precisamente la
situación de crisis en el país. Los firmantes amenazaban ya
con movilizaciones que incluyen expresamente una huelga en
el sector, que no tendría precedentes al abarcar a jueces y
fiscales.
“Las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros y las que
anuncia se van a adoptar suponen un ataque a los principios
básicos de la función pública”, iondicaba el comunicado,
firmado por las asociaciones judiciales Asociación
Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia,
‘Francisco de Vitoria’ y Foro Judicial Independiente, y las
de fiscales Asociación de Fiscales, Unión Progresista de
Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de
Fiscales.
Estas asociaciones, unas de tendencia conservadora y otras
progresistas, puestas de acuerdo por primera vez en la
historia, añaden que “la actual situación de crisis no ha
sido generada o agravada por todos aquellos que somos
funcionarios de carrera profesionales que hemos accedido a
la función pública a través de procesos selectivos en libre
concurrencia”.
Consideran que el Gobierno les aboca a una situación de
conflicto en el colectivo de la Carrera Judicial y Fiscal,
por lo que acuerdan “la creación de una comisión conjunta y
permanente que canalizará todas las medidas de protesta que
deban adoptarse, paros parciales, concentraciones,
limitación de señalamientos, incluida, en su caso, la
huelga”.
Además, exigen “del Ministerio de Justicia que de forma
inmediata paralice cualquier reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, del Estatuto Fiscal o cualquier otra
relativa a nuestro estatuto profesional” y que, en lo
sucesivo, cualquier proyecto que desarrolle en este sentido
deba contar con la participación de las Asociaciones de
Jueces y Fiscales en representación de la Carrera Judicial.
El comunicado coincide con los abucheos cosechados por el
Ministro Ruiz-Gallardón por cientos de ciudadanos en un acto
celebrado en la sede del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en Burgos, en julio.
El portavoz de JpD, Joaquín Bosch, declaró que el comunicado
conjunto fue consensuado en una reunión mantenida por
representantes de todas las asociaciones. Indicó que es una
respuesta tanto a la reforma del Poder Judicial anunciada
por el ministro Gallardón como al decreto de recortes del
Gobierno.
, que afecta de forma directa a los funcionarios y, dentro
de ellos, a jueces y fiscales.
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