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Aunque no ha terminado el mes de agosto, lo cierto es que la
actividad en los juzgados de lo Penal es intensísima.
Fuentes judiciales han indicado que se prevén del orden de
diez juicios diarios durante los cuatro días en los que,
semanalmente, hay vistas orales. Se trata de un volumen
ingente de trabajo que no concluye con la vista oral, puesto
que después hay que ejecutar las sentencias.
Cuando se habla de que los juzgados de lo Penal de Ceuta
-números 1 y 2- son los que más carga de trabajo tienen, con
diferencia, de toda España, no se habla en vano. En efecto,
durante las próximas semanas, al menos, están previstos del
orden de diez juicios diarios de lunes a jueves. Esto supone
que se celebrarán más de doscientas vistas cada cuatro
semanas, tirando por lo bajo.
Esta constante se está cumpliendo durante el arranque de la
actividad judicial de vistas orales, que ha tenido lugar
este paaado lunes. Los dos primeros días de la semana ya se
contabilizaron 20 juicios, aunque alguno fue suspendido por
motivos dispares, como por ejemplo, el no traslado de un
acusado, preso en Sevilla.
La actividad desde primera hora de la mañana -las vistas
suelen comenzar a las diez- es febril. La Policía Nacional
ya tiene en los calabozos a los detenidos que van a ser
juzgados. Los agentes judiciales andan de un lado a otro
tratando de saber si están localizables todas las personas
que se encuentran involucradas en las vistas orales, bien
sean testigos, acusadores, acusados, agentes de las fuerzas
de seguridad del Estado... Y ya dentro de la sala, cuando se
están produciendo las vistas orales, están pendientes de
orientar a los detenidos dónde deben colocarse, controlar
las grabaciones digitales de las vistas que así lo exigen,
facilitar los documentos que han de ser firmados por las
partes...
Además, los agentes de la Guardia Civil encargados de la
seguridad de la segunda planta del edificio Ceuta Center
tienen trabajo añadido, pues no sólo se encargan de
controlar quién entra y quién sale, sino que deben revisar
los efectos que introducen, controlar el escáner, el arco de
seguridad, responder a las dudas de los ciudadanos,
indicarles adónde deben dirigirse, y por supuesto, estar al
tanto de cualquier incidencia que pudiera producirse.
Por si fuera poco, dentro de unos días, concretamente el día
4 de septiembre, comienza la actividad de la Sección VI de
la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, que preside el
magistrado Fernando Tesón.
En puridad, la actividad que se desarrolla día a día en la
segunda planta del edificio Ceuta Center es incesante y
demuestra la importancia del funcionamiento de la
administración de Justicia y de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado.
A todo esto, se prevé un ‘otoño caliente’ en el ámbito de la
Administración de Justicia, teniendo en cuenta que para el
día 21 de septiembre está prevista la celebración de
asambleas de jueces y fiscales -a las que podrían sumarse
secretarios judiciales, agentes judiciales y funcionarios de
lusticia en general- en protesta por los recortes salariales
previstos por el Gobierno de Mariano Rajoy. A expensas de lo
que pudiera ocurrir en dicha asamblea que ha sido convocada
con carácter general en toda España y que tendría su lógica
repercusión en Ceuta, lo cierto es que los fiscales -siete-
que ejercen en la Ciudad, están más que motivados de cara a
la movilización.
En efecto, el 29 de julio pasado, un centenar de fiscales
respaldaba un manifiesto en el que se cuestionan qué “tipo
de independencia puede tener un poder judicial al que el
Gobierno puede rebajar sus retribuciones. El manifiesto, que
ha sido promovido en internet a través de las redes
sociales, cuenta con el respaldo de funcionarios del
Ministerio Público de todo el Estado y diferentes niveles
jerárquicos, entre ellos, algunos del Tribunal Supremo, como
Salvador Viada, y otros de lugares como Madrid, la CAV,
Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Cataluña,
Canarias, y Ceuta, entre otros.
El documento fue suscrito por estos funcionarios de la
Administración de Justicia “ante la situación de crisis
económica y los sucesivos recortes presupuestarios a los
empleados públicos en general y a las carreras judicial y
fiscal en particular”.
El escrito recuerda que “en momentos como el presente, más
que nunca, la Fiscalía ha de mantenerse en pie velando por
la justicia, la igualdad, la seguridad y los derechos
fundamentales de la ciudadanía”.
El texto pone de manifiesto la “sorpresa” de los firmantes
“por el hecho de que, desde la responsabilidad política de
todos los partidos y coaliciones, nadie haya pedido
disculpas a la ciudadanía por habernos llevado a esta
situación o, cuando menos, por no haberla evitado o, en
cualquier caso, por su incapacidad para solucionarla”.
El comunicado exige el reconocimiento del trabajo de este
colectivo, así como la “dignidad” de su función, la
“relevancia” de las “responsabilidades” que desempeña y que
“se declare expresamente que los profesionales al servicio
de la administración en general y de la Justicia, no han
sido los causantes de la crisis”.
Solicita además que se comience a elaborar “un programa de
recuperación de los derechos, prestaciones y retribuciones
recortadas sobre la base de una revisión y reestructuración”
de la administración pública, “prescindiendo de todo lo
superfluo y garantizando el servicio público y las
retribuciones de sus profesionales”.
Reivindica también un plan de “reintegración de la categoría
profesional e independencia económica de los fiscales,
mediante el recorte de los gastos que no sean estrictamente
necesarios” para garantizar la “calidad” de la prestación de
su servicio.
En este sentido, demanda “que se haga una evaluación de por
qué el presupuesto del Ministerio de Justicia creció desde
441 millones de euros en 1997 hasta los 1.680,51 en 2011”,
mientras que “sus profesionales perdían poder adquisitivo”.
Se pregunta además “dónde y cómo se ha gastado ese dinero”.
, dado que “no se han apreciado mejoras sustanciales en los
medios materiales ni personales de la Administración de
Justicia”.
En el escrito, estos fiscales ratifican su “compromiso en la
lucha contra la delincuencia económica” y expresan su
confianza en que “todos los poderes públicos mantendrán su
firmeza frente a quienes no cumplen las normas”.
La nota demanda igualmente “mecanismos de participación
directa y continua de todos los fiscales, asociados o no, en
la toma de decisiones que afectan al ejercicio de su función
y sus condiciones profesionales”.
Este grupo de fiscales anuncia en cualquier caso que no
promoverá “ninguna acción que pueda perjudicar el servicio
de la Administración de Justicia al ciudadano”, si bien
avanza que, mientras “no se logre el compromiso de los
responsables de los poderes públicos” para adoptar las
“medidas precisas” que solucionen esta situación, los
firmantes del texto lucirán un lazo blanco durante su
horario laboral, como “símbolo de estas reivindicaciones y
de la esperanza y confianza en la capacidad de todos los
ciudadanos para salir de esta situación”.
Los promotores la iniciativa animan además al resto de
colectivos profesionales y sectores afectados en la
Administración de Justicia a que adopten este mismo símbolo.
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