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					La Consejería de Asuntos Sociales está estudiando en estos 
					momentos las alegaciones recibidas tanto por parte del PSOE 
					como desde Caballas hacia su nuevo Reglamento para el 
					Programa de Alojamiento Alternativo. Rabea Mohamed, 
					responsable del área, reconoce que es en este ámbito donde 
					se invierte una parte importante del presupuesto del área, y 
					recuerda que su objetivo no es cubrir la falta de vivienda 
					social. 
					 
					El personal técnico y jurídico de la Consejería de Asuntos 
					Sociales estudia en estos momentos las alegaciones 
					presentadas por los grupos de la oposición de la asamblea 
					(PSOE y Caballas) al borrador del Programa de Alojamiento 
					Alternativo.  
					 
					Así lo confirmó ayer la consejera del área, Rabea Mohamed 
					quien, aunque no había podido analizar personalmente las 
					alegaciones, ha delegado en los especialistas de la 
					Consejería para analizar las enmiendas. “Algunas cuestiones 
					se podrían aceptar, según me ha comentado, pero aún solo lo 
					hemos mirado por encima”, confirmó Mohamed. Una vez listo, 
					el documento pasará a comisión informativa para después ir a 
					Pleno para su aprobación definitiva. 
					 
					“Las cuestiones técnicas prefiero que lo mire la judírico y 
					los trabajadores sociales que son quienes realmente trabajan 
					con ello y ven las problemáticas que suelen surgir y cómo se 
					resuelven”, apuntó.  
					 
					En cualquier caso, Mohamed explicó que el programa de 
					Alojamiento Alternativo, cuando no es de urgencia, “es una 
					ayuda al alquiler que cubre la necesidad de una familia que 
					no llega a cubrir los gastos de alojamiento”.  
					 
					Ahora mismo este programa se lleva unos 120.000 euros al mes 
					del presupuesto de la consejería. Mohamed aclaró que, aunque 
					ha habido familias a las que se les ha pagado el 100% del 
					coste de la vivienda de alquiler en casos muy excepcionales, 
					éste “no es un programa dirigido a paliar la escasez que 
					puede haber en vivienda social”.  
					 
					Tal y como ha matizado la consejera, el fin de esta ayuda 
					“no es cubrir la necesidad de vivienda”, sino ayudar a 
					familias con ingresos bajos a pagar su alquiler.  
					 
					En estos momentos, la ayuda atiende a unas 385 familias 
					según estimó Mohamed, si bien cada una de ellas recibe una 
					cantidad diferente, que se organiza mediante unos baremos 
					dependiendo de sus ingresos, el número de personas etc. 
					 
					Por otro lado, Mohamed avanzó que Asuntos Sociales está 
					trabajando en la elaboración del Catálogo de prestaciones 
					sociales que anunció el presidente de la ciudad está misma 
					semana.  
					 
					“No es un trabajo sencillo. Las prestaciones sociales se 
					pretende que sean todas, no solo las que vienen de nuestra 
					Consejería sino también las que tocan áreas de Sanidad, 
					Educación o Juventud”. Hemos visto distintos catálogos para 
					presentar los servicios y se lo lo presentaremos a los demás 
					departamentos para elegir el formato”, avanzó.  
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