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La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta
retomó ayer su actividad. Y comenzó con intensa acción en la
sala de vistas de la segunda planta del edificio Ceuta
Center.
A primera hora se producía una acción judicial a puerta
cerrada -no era audiencia pública- ya que se trataba de que
el tribunal que presidía el magistrado Jesús Carlos
Bastardés -el presidente de la Sección, Fernando Tesón, está
de vacaciones- determinara la prolongación de prisión
provisional para dos personas acusadas de tentativa de
homicidio.
Se trataba de Hanuar M.A. y de Abdelkader A.A., a quienes el
Ministerio Fiscal acusa de tentativa de homicidio, por
hechos ocurridos en 2010, que provenían de instrucción
realizada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1. Ambos declararon por videoconferencia desde la
cárcel de Botafuegos, en Algeciras. Con posterioridad se
iniciaba una vista que podría postergarse unos días. Se
trata de un caso en el que unos empresarios, padre e hijo, y
cuatro agentes de la Unidad de Intervención Rápida (UIR) se
sentaban conjuntamente en el banquillo. Los primeros, que
acudieron asistidos de letrado que ejercía la acusación
particular contra los agentes, son M.E. y A.E.T., mientras
que los policías locales son J.R.G.O., A.F.J.G., F.J.G.R. y
J.M. L.G.
Los civiles están acusados de atentado contra agentes de la
autoridad, mientras que los cuatro policías de la UIR están
acusados de lesiones.
El Ministerio Fiscal confirmó, durante un breve receso que
ordenó el magistrado Bastardés a media mañana, que la
petición era de dos años de cárcel para todos los acusados,
así como penas de multa de menor importancia. En todo caso,
también para los policías se pedirían penas de
inhabilitación durante el periodo de cárcel. En ningún caso,
de ser condenados los acusados -todos ellos- pisarían la
cárcel puesto que ninguno de ellos tiene antecedentes
penales. Al ser la pena de cárcel de carácter menor,
quedaría en suspenso, a expensas de que se determinara la
culpabilidad de los acusados, hecho que es el que se está
determinando escrupulosamente por el alto tribunal.
Los hechos se producían en torno a las 10.15 horas del día 4
de mayo de 2010. Los empresarios, se recuerda padre e hijo-
habían contactado formalmente con la Ciudad de Ceuta para
poner en conocimiento un asunto que les preocupaba: el hecho
de que junto al almacén de depósito y venta de materiales de
obra había una zona rocosa que suponía un riesgo, a causa de
la posibilidad de desprendimientos.
En este sentido, un día antes, el lunes 3 de mayo de 2010,
un oficial de la UIR se persona en el establecimiento
comercial con el objeto de anunciar que, efectivamente, se
va a proceder a un precinto parcial de la zona para prevenir
cualquier riesgo para las personas.
Ese día, lunes, el padre y propietario principal del almacén
se encontraba en Marruecos, por lo que el hijo solicitó a la
Policía Local que esperasen un día más para que su
progenitor estuviera presente durante las actuaciones.
Aproximadamente a las seis de la mañana del martes 4 de mayo
de 2010, padre e hijo, se encontraban en el almacén con el
objeto de desalojar de diversos materiales -entre ellos
maquinaria- la zona que se iba a precintar. Es lo que
dijeron en la sala de vistas.
Los trabajos aún no habían concluido cuando en torno a las
10.15 horas llegó al menos una dotación de la UIR, que iba a
proceder al acto del precinto de la zona de riesgo.
Algunos clientes se encontraban dentro del recinto del
almacén, aunque podrían haber estado fuera de la oficina
cuando se inicia el altercado.
Las versiones que dieron padre e hijo y uno de los agentes
que declararon ayer son claramente contradictorias.
El padre indicó que fue insultado gravemente por los
policías que le reclamaron la documentación, llamándole
“chulo de mierda” y “moro de mierda”. Todavía no se habían
producido forcejeos ni detenciones.
El hombre, de 62 años y con problemas de salud, declaró los
policías no quisieron entrar con él en la oficina para
buscar la documentación y que le dijeron que la buscara y
que la llevara al exterior, donde se le esperaba.
Después dijo que un policía entró en la oficina y que le
golpeó en un hombro con la porra reglamentaria. A partir de
ahí dijo que se le había agarrado, se le había sacado al
exterior mientras le llovían los golpes, le esposaron con
grilletes violentamente y que fue arrojado “como un cerdo”
al suelo del furgón policial. Allí, siempre según su
testimonio, pidió a uno de los agentes que le quitara las
esposas por que se estaba asfixiando: “Hijo, quítame ésto,
que me asfixio”, indicó que la había manifestado a uno de
los agentes. Éste, según su testimonio, le espetó: “yo no
soy hijo de un moro de mierda”, y le habría propinado un
puñetazo en el ojo. Fue llevado al hospital por los propios
agentes, donde estuvo ingresado unos veinte días, aunque no
quedó claro si el ingreso se producía por lesiones que
hubiera sufrido o por dolencias previas.
Su hijo, por otro lado, fue el segundo en declarar. Indicó
que no oyó nada de lo que su padre hablaba con los policías,
y que sólo se dio cuenta, a tenor de los gestos que hacía el
agente que estaba hablando con su progenitor, de que le
estaría reclamando la documentación. Afirmó que cuando se
acercó a la oficina, en la que habrían varios clientes
dentro que habrían presenciado todo, uno de los policías lo
cogió del cuello de la camisa y lo apartó, impidiéndole la
entrada. También declaró que cuando vio que se llevaban a su
padre entre algunos agentes y que le engrilletaban, empujó a
uno de los policías, pero no con el ánimo de agredirle, sino
de socorrer a su progenitor, entendiendo que se asfixiaba.
El aspecto menos sólido del testimonio del joven es el de lo
que hizo después de los hechos. Dijo que había sido golpeado
en la cabeza y en la espalda con porras reglamentarias, pero
no acudió al hospital hasta las seis de la tarde. “Me fui”,
dijo. Un testimonio ciertamente inconsistente en una persona
que tiene a su padre detenido y que ha sido trasladado al
hospital. Sin embargo, argumentó que tenía miedo de
encontrarse a los mismos policías en el hospital. Fueron
familiares de su padre, en concreto su madre, la abuela y
otras personas de la familia quienes acudieron al hospital
para estar con el padre, mientras que durante horas el hijo
no compareció. Estas personas fueron las que llevaron la
documentación del hombre hasta el hospital, puesto que no se
habría identificado ante los agentes hasta entonces.
El abogado defensor de los agentes, Fernando Rodríguez
Quirós, fue muy meticuloso a la hora de interrogar a pare e
hijo, y de hecho indicó que sentía someterlos a tan prolijo
interrogatorio, pero evidentemente era su deber. En todo
caso, el magistrado presidente del tribunal instruyó tanto
al padre como al hijo de que no tenían obligación de
declarar y que si querían negarse a responder preguntas,
podían hacerlo libremente. En todo caso, en sus respuestas,
ambos quisieron dejar clara su diferenciación en la
percepción de lo que es la Policía Local y lo que es la UIR:
“la Policía Local es una cosa y la UIR es otra”, indicó el
hijo.
Finalmente declaró uno de los agentes, J.R.G.A., con gran
solvencia. Indicó que cuando llegaron, el hombre mayor se
mostró muy nervioso y dijo que lo dejaran en paz que tenía
mucho trabajo. Le dieron unos minutos para que se
tranquilizara -de hecho el agente se fumó un cigarrillo- y
que entraron a la oficina, donde había algunos clientes,
para que les facilitara la documentación, con el objetivo
simplemente de notificarle que se procedía a un precinto.
En ese momento, según el agente, el hijo, en el exterior, se
habría puesto en actitud agresiva. Habría empujado a un
agente y lanzado puñetazos al aire, avanzando y
retrocediendo, como si estuviera realizando algún tipo de
arte marcial.
El padre, según el testimonio, a todo esto se puso cada vez
más agresivo y procedieron a sacarlo. El policía dijo que no
quisieron reducirlo del modo normal que se hace con una
persona corpulenta y agresiva, sino que al revés, teniendo
en cuenta la edad de la persona, lo que trataron fue de no
hacerle daño, aunque finalmente tuvieron que ponerle las
esposas. Habitualmente, la persona que es reducida es tirada
al suelo para inmovilizarla, pero en este caso no fue así.
Dijo que mientras se llevaba al padre al furgón, el hijo
rodeó el 4x4 de la UIR y que dando un salto, lanzó una
patada voladora con la planta del pie que impactó en el
hombro del compañero que le asistía en la detención y que
él, ante esa circunstancia, sacó la porra reglamentaria.
Indicó que en ese momento pudo, involuntariamente, haber
golpeado de forma inconsciente al hombre mayor, ya que la
porra no se puede extraer de la funda de forma que no sea
lateralmente, por lo que en efecto, pudo haber golpeado al
hombre, lo mismo que podría haber hecho con el compañero que
intervenía con él en la acción.
En todo caso, poco antes de las tres de la tarde, el
magistrado presidente dio por terminada la sesión, que
continuará hoy con el testimonio de los otros tres policías
encausados así como de ocho testigos.
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