política - VIERNES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CEUTA
El Pueblo
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El Grupo Popular en el Senado, atendiendo los planteamientos de los parlamentarios de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, llevará a la Cámara Alta una propuesta para modificar la actual expedición de Certificados de Empadronamiento a través de un documento en papel a que se haga de forma mucho más ágil y acorde con las tecnologias actiuales: vía telemática.

El próximo dia 12, el Grupo Popular en el Senado presentará la moción que pretende mejorar la conexión en el transporte para los ciudadanos de los mencionados territorios y que, por su condición de no residir en la península, tienen bonificación en sus desplazamientos por tierra, mar o aire. Así, la comprobación se hará vía telemática, conforme a las nuevas tecnologias y será únicamente necesario identificarse con el DNI para que el programa instalado al efecto, certifique una condición que ahora se viene haciendo de manera primaria a base de un certificado en papel.

Los problemas del procedimiento empleado y las protestas de los ciudadanos por lo problemático del trámite al que se ven sometidos, ha hecho recapacitar a los políticos y por ello se ha buscado una fórmula mucho más acorde con las tecnologias actuales. La propuesta parlamentaria busca tambien racionalizar las conexiones entre los distintos medios de transporte: ferroviario, marítimo y aéreo, a fin de obtener una mayor coordinación en cuestión de horarios que vaya en beneficio del pasajero.

El actual formato de certificado de empadronamiento, muy engorroso, tendrá una pervivencia de seis meses y se espera que, tras ese período, entre en vigor la fórmula telemática mucho más dinámica y operativa. La puesta en marcha de este método, a corto plazo, ha sido una aportación de los parlamentarios de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, quienes avalan esta medida de mejor disponibilidad en la acreditación sobre la residencia de los viajes con derecho a bonificación.

De esta manera, a través de ficheros electrónicos y mediante el DNI se podrá acceder a la identidad del solicitante y a su situación de idioneidad para la bonificación en cuestión. Se evitarán molestias y se logra el objetivo perseguido: acabar con el fraude que era alarmante, especialmente en los vuelos insulares y que suponían muchos millones de euros por esta práctica ilegal de obtejer la bonificación por residencia sin tener derecho a la misma.

La propuesta para cambiar el actual certificado de empadronamiento por la comprobación vía telemática con los datos del interesado, una vez que cumpla su trámite parlamentario en Senado y Congreso, entraría en vigor de manera inminente.
 

No cabía otra y, los senadores “populares” han reaccionado

Los senadores “populares” han reaccionado tarde aunque ya saben el viejo refrán: “nunca es tarde si la dicha es buena”. Y en realidad, el beneficio es indiscutible, porque pasaríamos de un procedimiento del siglo pasado a una fórmula moderna amparada en las nuevas tecnologías. En realidad, ya era sorprendente que, cuando el soporte papel cada vez cae más en desusos, ahora nos vengan con estas monsergas de papelitos por aquí y por allí, como si estuviéramos en el colegio. En una época en la que el vehículo telemático lo domina todo, cuando el cruce de datos entre Administraciones es habitual, no era explicable que cayeramos en una conducta “carrozona”, equivalente a que cambiaramos el ordenador portátil por la vieja máquina de escribir que no precisaba de impresora ni de memoria ni de torre. Y esa vuelta atrás, al pasado, es la que nos había situado en un contexto de burocracia primaria (por no decir primate) con un procedimiento que movía más a la bronca (por aquello de las interminables colas) para facilitar de manera individual una condición de residente que ya estaba reflejada en los archivos oficiales y en los programas de la base de datos de las instituciones.

No cabía otra y, los senadores “populares” han reaccionado. Con cierto retraso, el de ahora y los seis meses que se avecinan, pero al fin, tendremos acreditación telemática para culminar el trámite legal exigido.