| 
                     
					El Gobierno de Melilla “no está preocupado” por las 
					denuncias de distintas organizaciones no gubernamentales 
					(ONG), que han tachado de ilegal la expulsión de 73 
					inmigrantes del islote de soberanía española llamado Isla de 
					Tierra, ni de las investigaciones abiertas por la Defensora 
					del Pueblo y la Comisión Europea, porque defiende la 
					legalidad de esta actuación. 
					 
					El Gobierno de Melilla “no está preocupado” por las 
					denuncias de distintas organizaciones no gubernamentales 
					(ONG), que han tachado de ilegal la expulsión de 73 
					inmigrantes del islote de soberanía española llamado Isla de 
					Tierra, ni de las investigaciones abiertas por la Defensora 
					del Pueblo y la Comisión Europea, porque defiende la 
					legalidad de esta actuación. 
					 
					El delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, 
					ha señalado que el Ejecutivo es el primer interesado en 
					defender a los inmigrantes frente a las mafias que trafican 
					con seres humanos “aún a costa de poner en riesgo sus 
					vidas”. 
					 
					Así, El Barkani ha declarado que las autoridades españolas 
					“son conscientes” de que diversas ONG defiendan a estos 
					inmigrantes, que fueron devueltos a Marruecos la madrugada 
					del pasado martes después de ocupar unos días antes el 
					islote español situado a solo 30 metros de la costa marroquí 
					y que se hallaba sin vigilancia, y ha asegurado que la 
					propia Administración central está “supersensibilizada” con 
					el drama de la inmigración. 
					 
					El delegado del Gobierno, no obstante, ha defendido la 
					actuación del Ejecutivo central que, tras alcanzar un 
					acuerdo para resolver el problema creado en el pequeño 
					peñasco, acordó desalojar el islote enviando diez 
					inmigrantes a Melilla —los más vulnerables como mujeres con 
					hijos y menores— y 73 a Marruecos, todos adultos. 
					 
					Sin embargo, diversas organizaciones, como Amnistía 
					Internacional, Comisión Española de Ayuda al Refugiado y SOS 
					Racismo, criticaron que el Gobierno ha vulnerado los 
					tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y 
					las leyes españolas de Extranjería y Asilo al ejecutar la 
					expulsión colectiva de los 73 inmigrantes que se encontraban 
					en Isla de Tierra, tras llegar de forma clandestina. 
   |