ACTUALIDAD - SÁBADO, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CEUTA
Virginia Saura
ceuta@elpueblodeceuta.com

La Ciudad salió ayer la palestra para defender su oposición a otorgar la Autorización Ambiental Integrada a la empresa ‘Biocarburantes del Estrecho’ y aseguró a través de un comunicado que la sentencia que anula esta decisión se basa en “un defector formal”. No obstante, el Gobierno anunció su intenció de acatar el fallo.

La Ciudad Autónoma no ha querido dejar pasar la ocasión de defender la postura que adoptó al archivar la autorización ambiental integrada para ‘Biocarburantes del Estrecho’. A través de un comunicado, el Gobierno local quiso hacer algunas “puntualizaciones” como que “el fallo judicial en ningún caso se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, sino que se basa en un defecto formal durante la tramitación del expediente”. En concreto, según explican desde la Ciudad, el defecto se encuentra en que la Autorización Ambiental Integrada (AAI) se emitió un día después de un informe del departamento de Sanidad Ambiental, de la Consejería de Sanidad y Consumo, que se realizó sin dar “el trámite de audiencia” a la empresa y, por tanto, “sin dar la oportunidad a la sociedad a que presentara alegaciones”.

En consecuencia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo dicta que la tramitación del expediente debe “retrotraerse” a ese momento, al considerar que se ha producido “una disminución de garantías” del recurrente, pero el Gobierno señala que “en ningún caso se pronuncia con respecto a otra consideración jurídica”. “De hecho, el juez estima que no ha habido “ni mala fe” ni temeridad” en la resolución, de modo que no condena a la Ciudad al pago de las costas del proceso judicial”, alega.

Para el Ejecutivo, no hay más consideración jurídica en la sentencia que “la inobservancia del trámite de audiencia” en un informe de la Consejería de Sanidad emitido con anterioridad a la AAI. Por ello, el Gobierno manifiesta que la resolución de 11 de agosto de 2010 en la que se acuerda el archivo de la tramitación de la autorización ambiental integrada del proyecto para construir la planta “se fundamentó en la defensa del interés general y en particular, en el cumplimiento del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, que prohibe la implantación de instalaciones de esta naturaleza a una distancia del núcleo urbano inferior a los 2.000 metros”.

Por último, la Ciudad Autónoma ha puesto de manifiesto su intención de acatar la sentencia judicial, “como demuestra su decisión de no recurrirla”. De este modo, el Gobierno retrotraerá las actuaciones al momento en el que se omitió el trámite de audiencia con respecto al informe de Sanidad Ambiental para continuar con la tramitación del expediente. Eso sí, el Ejecutivo local ha dejado leer entre líneas que no está dispuesto a rectificar y que el resultado de la nueva tramitación no será diferente.
 

“La única motivación fue defender el interés general”

Tras conocer a través de los medios de comunicación el fallo de la sentencia sobre la construcción de la planta de biocarburante, el portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, manfiestó que no había tenido ocasión de leer el documento. “El hecho de que se haya notificado a la Ciudad la resolución, no significa un miembro del Gobierno la tenga encima de su mesa”, afirmó. No obstante, el popular se adelantó al comunicado que posteriormente emitió el Ejecutivo para asegurar que, en cualquier caso, la Ciudad “acatará las sentencias judiciales como ha hecho siempre independientemente de si son en contra, a favor o neutras”.

Dicho eso, Martínez quiso dejar patente que no hubo ningún interés particular ni político detrás de la decisión de negar la autorización a ‘Biocarburantes del Estrecho’ y aseguró: “La única motivación del Gobierno de la Ciudad era la defensa del interés general, en concreto, vinculado a la salud pública”. Por ello, el portavoz del Ejecutivo recordó que está prohibido establecer una actividad industrial a menos de 2.000 metros de un núcleo urbano, y que en ese radio se encuentran instalaciones como el Colegio Ortega y Gasset; el chalet de Ybarrola, o el Centro Comercial. Por último, Martínez defendió que si ha habido un error administrativo, la Ciudad acatará la sentencia y la hará “cumplir”. Luego, añadió que “si el proyecto empresarial es conforme a ley, magnífico”. Ahora, habrá que ver el resultado del nuevo proceso que empezará a tramitar la Ciudad Autónoma tras el auto judicial.