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					Llama la atención la última Propuesta de Acuerdo Urgente a 
					la Asamblea que llevaron los dirigentes de la Federación de 
					Fútbol de Ceuta, de la que no dieron cuenta a los medios 
					informativos para arreglar el desaguisado que mantiene en 
					clamoroso fuera de juego, a su presidente Antonio García 
					Gaona por clara incompatibilidad para ocupar el cargo. 
					 
					Se alude a la modificación de los Estatutos el 24 de 
					septiembre de 2009. Nada menos que tres años atrás. Que ya 
					ha llovido. Y se recurre al artículo 9 del Reglamento 
					General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma, 
					cogiendo la normativa “a la carta”: se aferran a que 
					transcurrieron más de tres meses desde que se solicitó la 
					inscripción de la modificación para que no fuera 
					incompatible Antonio García Gaona y por tanto a un posible 
					silencio administrativo positivo. Y en este desvarío de 
					arreglar lo que es imposible de hacerlo, se quieren acoger 
					al siguiente párrrafo: “Si en el plazo de tres meses a 
					partir de la solicitud de inscripción, no se hubiera 
					producido notificación alguna, se entenderá estimada, 
					procediendo a su inscripción”. Sin embargo, el párrafo 
					siguiente que es vinculante, lo obvian los jerifaltes de la 
					Federación y dice así: “Lo previsto en el párrafo anterior 
					NO SERA DE APLICACION PARA LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS, cuya 
					inscripción quedará supeditada, en todo cas o, al acuerdo 
					expreso de reconocimiento por parte de la Consejeria de 
					Educación y Deportes”.  
					 
					¿Y se “comerá” la Consejeria la “patata caliente” que le 
					envía la Federación de Fútbol? Pues, más bien, no. Y menos, 
					con un Pleno ahí, a la vuelta de la esquina con este 
					espinoso tema llevado por la oposición política en la 
					Asamblea. No creemos que el equipo de Gobierno esté por la 
					labor de inmolarse en público ni por Antonio García Gaona, 
					ni por nadie, ya que supondría -caso de llegar el asunto a 
					instancias superiores-, incurrir en una presunta 
					prevaricación, por hacer a sabiendas algo contra derecho al 
					incurrir en una ilegalidad manifiesta. 
					 
					En los últimos días ha habido “movimientos” y reuniones de 
					todo tipo y de todos los colores: García Gaona con Angel 
					María Villar en Madrid, donde éste le dijo que el tema era 
					de la Ciudad Autónoma, en ésta donde los jurídicos se han 
					reunido con los políticos, el propio presidente de la Ciudad 
					ha reunido en su despacho en varios representantes de 
					distintas parcelas de responsabilidad y lo cierto es que, 
					después de tres años de irregularidades, nadie quiere 
					ponerle el cascabel al gato.  
					 
					Bien saben que la única salida es que el Gobierno de la 
					Ciudad de un golpe en la mesa de una vez y acabe con la 
					conducta de quien todavía pretende seguir lucrándose a costa 
					de la Federación, ya que Antonio García Gaona reconoce 
					explícitamente su “pecado”, cuando llevó a la Asamblea del 
					miércoles una Propuesta de acuerdo urgente porque el asunto 
					le quema.  
					 
					La Ciudad Autónoma ha de rechazar la modificación de 
					Estatutos, declarar la incompatibilidad de Gaona y proceder 
					al cese inmediato del mismo por ser incompatible con el 
					hecho de lucrarse en función de su cargo federativo. Y 
					convocar elecciones. No cabe otra: simplemente, ser legales. 
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