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Los liberados institucionales de las diferentes centrales
sindicales existentes en Ceuta tuvieron que incorporarse
ayer a sus respectivos puestos de trabajo tras la entrada en
vigor del resto de medidas aprobadas en el Real Decreto Ley
20-2012. Así pues, entre CCOO, UGT, CSI-F y USO, un total de
diecisiete liberados institucionales se han visto obligados
a volver a sus trabajos.
Un total de diecisiete liberados institucionales de los
sindicatos CCOO, UGT, CSIF y USO volvieron ayer a su antiguo
puesto de trabajo en aplicación de las últimas medidas de
ahorro aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en el Real
Decreto 20/2012. Así, CCOO perdió ayer seis liberados (2 de
la administración local y 4 liberados autonómicos); UGT
perdió otros seis liberados (2 de la administración local y
4 liberados autonómicos); CSI-F perdió tres liberados (1 de
la administración local y dos liberados autonómicos) y USO
perdió 2 liberados, ambos de la Administración General del
Estado.
La medida persigue el ahorro de dinero público, ya que en
muchos casos los liberados son sustituidos en su puesto de
trabajo por interinos, que ahora perderán su puesto de
trabajo. El Gobierno central ha calculado un ahorro de 250
millones de euros por estas medidas, que se estima afectarán
a unas 6.000 personas en toda España.
La cifra corresponde a los denominados liberados
‘institucionales’ de las administraciones central y
autonómicas, que son fruto de pactos entre los sindicatos y
los gobiernos por los que se aumentaba el número de eximidos
con cargo a las arcas públicas.
La normativa básica establece que los delegados sindicales
disponen de un crédito de horas mensuales para desempeñar su
labor que varía en función del tamaño de la empresa y que
puede alcanzar las 40 horas al mes. También recoge la
posibilidad de acumular estas horas para liberar a uno o
varios representantes, en función de unos parámetros, de
forma que puedan dedicarse a tiempo completo a defender a
los intereses de la plantilla. Pero estos mínimos son
ampliamente superados en los múltiples convenios y acuerdos
firmados entre sindicatos y administraciones públicas a lo
largo de los años.
La decisión del Gobierno no ha sido bien acogida por la
mayoría de las centrales sindicales de la ciudad. Antonio
Gil, secretario general de UGT en Ceuta, y uno de los
afectados por esta medida, destaca inicialmente que es
dudoso, en la administración estatal, el ahorro que se
busca. ¿Y los efectos en el funcionamiento de los
sindicatos? Todos coinciden en que supondrá un
debilitamiento general. “Nos deja en inferioridad a la hora
de negociar y perjudica los intereses de los trabajadores.
Es un claro intento de desarmar a los sindicatos. Volvemos a
la situación de hace 25 años y perdemos la experiencia
negociadora y de trabajo de gente muy válida. No lo dude,
todo irá a peor en este sentido, porque lo que el Gobierno
pretende es cortar la intendencia del movimiento sindical”,
aseguraba por parte de CCOO, Emilio Postigo, quien también
se ha visto afectado y también se ha incorporado a su puesto
de trabajo.
Por su parte, el presidente de USO en Ceuta, Juan María
Lorenzo, destacaba que “había que poner orden, ha habido
centrales sindicales que han abusado de la figura del
liberado institucional”. Lorenzo se mostró en cierta manera
resignado ante la situación. “A los sindicatos se nos pide
un esfuerzo compartido con el resto de la sociedad, que
también sufre los recortes. No nos gusta, pero es lo que
hay”. A este respecto el presidente de USO en Ceuta hizo una
reflexión e indicó que “por esta misma cuestión los partidos
politicos y no el Estado debería sustentar a su personal
eventual, como sus asesores, sus jefes de gabinete, y otros
puestos”.
Con esta medida, según USO, lo único que va a conseguir el
Gobierno es “engrosar” la ya elevada cifra de paro existente
en España, ya que muchos interinos serán despedidos. A este
respecto, Lorenzo también avanzó, que “la incorporación de
todos estos liberados no va a mejorar ni a solucionar el
problema de productividad de la Administración”.
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Real Decreto Ley 20/2012
Medidas aprobadas de mayor
impacto. El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
fomento de la competitividad, publicado el 14 de julio
(“RD-Ley 20/2012”), introdujo nuevas medidas, que giran
principalmente sobre dos ejes: la consolidación fiscal y el
impulso de nuevas reformas estructurales. Según la
exposición de motivos del Real Decreto Ley , las medidas de
ajuste fiscal son imprescindibles en este momento para
garantizar que España cumple rigurosamente sus compromisos
fiscales dentro del marco del déficit excesivo establecido
por la Unión Europea; y las nuevas reformas estructurales
son también claves para garantizar que nuestro país
flexibiliza su estructura productiva y genera un crecimiento
adicional para de esta forma compensar parcialmente el
impacto restrictivo de la política fiscal a corto plazo
Entre las medidas aprobadas a través de esta norma y cuya
relación les detallamos más adelante caben destacar por su
impacto: Subida del IVA a partir del 1 de septiembre 2012;
Reducción de los días libres de los funcionarios y la
suspensión de la paga extra de navidad 2012; Ajuste a la
baja de las prestaciones por desempleo; Incremento en el
IRPF de las retenciones a los profesionales liberales por
rendimientos de actividades económicas; Menos deducciones a
las grandes empresas en el Impuesto sobre sociedades;
Eliminación de bonificaciones a la Seguridad Social por
contratación de desempleados; Eliminación de la deducción
por la compra de vivienda habitual a partir del 2013;
Recortes en la Ley de Dependencia; Liberalización de los
horarios comerciales; los comerciantes podrán determinar
libremente los periodos de rebajas.
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sindicatos
