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El problema de prescindir de los trabajadores incluidos en
el denominado Convenio de Inmigración es que tendría una
repercusión muy negativa en numerosos programas en los que
prestan sus servicios en el área de Asuntos Sociales que se
verían perjudicados y, posiblemente, desaparecerían, ya que
no podrían desarrollarse. De manera que, por ello, la Ciudad
Autónoma busca una solución a este conflicto que afecta
directamente al área social.
Partiendo de la base de que este año no existe Convenio para
desarrollar el programa de Inmigrantes por falta de partida
presupuestaria, los 21 trabajadores que se incluían en el
denominado Fondo de Apoyo a la Acogida e integración de
Inmigrantes, dedican su labor a tareas en el ámbito social.
Su labor es tan imprescindible que, en el caso de que se
prescindiera de ellos, por falta de presupuesto, afectaría
de manera muy seria y negativa a numerosos programas y
talleres que son atendidos por ellos.
En la actualidad, estos 21 trabajadores, desarrollan su
labor en el IMIS (Ingreso Mínimo de Inserción Social), en el
Alojamiento Alternatio y en el servicio de Atención Directa.
Además, un grupo de seis o siete, intervienen en Talleres
que se realizan en las barriadas de Benzú y el Príncipe
Alfonso. Alfabetización, IMIS y en temas de salud como la
diabetes.
Por otra parte, los realojos de personas afectadas por las
inudaciones o cualquier otra incidencia, igualmente son
atendidos por ellos. En realidad, los 21 trabajadores del
cuestionado Convenio de Inmigración son en realidad el 50%
de la plantilla de Servicios Sociales entre los que atienden
al público, lo que significa que, su merma o desaparición,
ocasionaría un gravísimo problema a este área, tan
necesitada de una atención preferente por ir dirigida a los
más desfavorecidos.
Por ello, en el caso de que se prescindiera de esos 21
trabajadores en la barriada de Benzu se cerraría la Unidad
de Trabajo Social y en el Príncipe, donde hay seis
trabajadores sociales, si van a la calle, se verían
afectados el programa de Atención a la Familia y esta
barriada se quedaría sin nadie que pudiera atender el IMIS.
Por otra parte, en el programa de Alojamiento Alternativo,
en el caso de prescindir de estos 21 trabajadores, de los
cuatro empleados que hay ahora mismo, sólo quedaría uno,
insuficiente para prestar un servicio adecuado.
En Atención Directa actualmente hay cinco trabajadores y si,
finalmente, los 21 empleados del Convenio de Inmigracións
son despedidos, quedarían sólo dos. Sus servicios también
los desarrollaron con ocasión del reparto de viviendas de
Emvicesa, ya que confeccionaron las listas.
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Unos empleados necesarios por el caos que
supondría no contar con sus servicios
Cuando el Partido Popular hace
bandera de su sensibilidad en el área social y recurre para
demostrarlo a las partidas presupuestarias, no parece ni muy
razonable ni muy coherente, que se haya planteado prescindir
de 21 trabajadores que si bien en un principio pertenecían a
un Convenio para el que no hay dinero, que se haya pensado
en prescindir de sus servicios abogando a la recurrente
crisis económica, sin evaluar el alcance negativo que
supondría una decisión de estas características para un
servicio esencial y humanitario, como es la atención social
a los más desfavorecidos. De manera que, en caso de no
solucionarse esta cuestión, el alcance político en cuanto a
responsabilidad, invalida cualquier justificación que no
pase por “recortar” en lo prescindible.
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trabajo
