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La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso del PSOE
contra el plan extraordinario de regularización fiscal y le
ha impuesto el pago de las costas judiciales. El tribunal
considera que el PSOE no está legitimado para plantear un
recurso por la vía contenciosa contra la orden ministerial
que desarrolla el plan, tal y como había alegado la Abogacía
del Estado. De lo contrario se convertiría la jurisdicción
contencioso-administrativa en un foro de discusión política.
Con el rechazo del recurso, quedan sin efecto también las
medidas cautelares que había solicitado el PSOE, que se
basaban en la suspensión o paralización de la citada orden
ministerial. De hecho, la Audiencia señala que “sería
contrario a toda lógica jurídica” que se pudiera acordar por
la vía contencioso- administrativa la suspensión de una
orden cuando no es posible solicitar la suspensión cautelar
ante el Tribunal Constitucional.
La decisión de la Audiencia implica, por tanto, que no se
paraliza la acción del Gobierno y los ciudadanos que así lo
deseen pueden seguir acudiendo al proceso de regularización
abierto, hasta el 30 de noviembre.
Del auto se infiere la absoluta irresponsabilidad del PSOE
al tratar de frenar una acción del Gobierno que, por otra
parte, había sido avalada ya por el Consejo de Estado. Esta
irresponsabilidad es más grave aún si se tiene en cuenta que
el mismo partido promovió una verdadera amnistía fiscal en
los 90, y tres décadas después, se atreve a paralizar el
actual proceso extraordinario de regularización, a sabiendas
de que no estaba legitimado para ello.
Con el plan de regularización extraordinario puesto en
marcha se pretende, por un lado, contribuir a los objetivos
de reducción del déficit fiscal para este año, y por otro,
fortalecer las bases imponibles (recaudación fiscal) para
ejercicios venideros ya que las rentas ocultas afloradas
deberán someterse al pago de impuestos también en los años
siguientes al de su regularización.
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OPINIÓN
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COMUNICADO
