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Caballas interpeló ayer al Gobierno sobre “el
incumplimiento” de las bases de ejecución de los
Presupuestos Generales de la Ciudad, en relación a la
fiscalización previa de los contratos menores (inferiores a
18.000 euros). Juan Luis Aróstegui denunció que existe el
“fraude” en su adjudicación, pero Guillermo Martínez aseguró
que si bien no se fiscalizan previamente, la autorización de
pago del contrato pasa por Intervención.
Juan Luis Aróstegui denunció ayer ante el pleno que la
Ciudad está realizando “contratos menores que sortean los
requisitos y los mecanismos de fiscalización, y se utilizan
de manera fraudulenta para eludir la concurrencia pública”.
El diputado criticó que se está seleccionando directamente a
las empresas y que, para poder hacerlo sin convocar
concurso, se contratan servicios por debajo de los 18.000
euros. El diputado caballa reconoció que se han acabado “las
contrataciones de personas físicas fraudulentas”, pero
lamentó que no se haya erradicado la práctica con las
empresas “tal y como se habían comprometido desde el
Gobierno”. “Algunos expedientes que no están sometidos a
fiscalización, a pesar de que es obligatorio en las bases de
ejecución de los Presupuestos de la Ciudad, pero también es
cierto que no es un imperativo legal”, explicó Arósegui.
Pero, para Guillermo Martínez, que no se fiscalicen estos
contratos “no quiere decir que se cometa una irregularidad”.
Además, el consejero de Hacienda y economía aseguró que sí
se produce, “de una manera taxativa”, una fiscalización
antes del pago. “El interventor no fiscaliza de conformidad
un pago si no está de acuerdo a la ley”, apostilló Martínez
para añadir: “No existe ningún tipo de fraude, ya que el
pago se lleva a cabo cuando ha sido fiscalizado de
conformidad con intervención y a partir de este momento se
darán instrucciones para que se fiscalicen los contratos
previamente”.
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pleno extraordinario de octubre
