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Los trabajadores adscritos al Convenio de Inmigración
entre el Gobierno central y la Ciudad Autónoma se plantean
iniciar un proceso de movilización a partir de la próxima
semana, al no recibir ninguna respuesta del ejecutivo local
sobre su futuro laboral, tal y como se les había prometido
en el último Pleno de Gobierno. El comité de empresa reunirá
a los empleados, con los que se buscará un acuerdo sobre el
procedimiento a seguir para buscar soluciones al fin de
contrato el 31 de diciembre.
Un total de 21 trabajadores adscritos al Convenio de
Inmigración entre el Gobierno central y el autonómico
esperaban que ayer viernes, con motivo del Consejo de
Gobierno, el ejecutivo local se pronunciase sobre las
posibles alternativas al fin del acuerdo. Se cumplían once
días exactos desde que el Gobierno les transmitió, en Pleno
de la Asamblea, que “en diez días” tendrían una solución.
Sin embargo, tras la celebración del Consejo ayer, el
portvoz, Guillermo Martínez, reconoció que no tenían ninguna
novedad al respecto. Vista esta falta de propuestas,
representantes del comité de empresa del Convenio
confirmaron ayer que convocarían a los trabajadores la
próxima semana “a partir del lunes, para empezar a
movilizarnos”.
“Queremos reunir a los trabajadores y ver qué pasos quieren
que sigamos”, afirmaron desde UGT, conscientes de que el
tiempo es un factor delicado en la ecuación, ya que el
contrato de estas dos decenas de personas finaliza el 31 de
diciembre, y esta fecha está cada vez más a la vuelta de la
esquina.
La Consejería de Asuntos Sociales, a la que están adscritos
el total de este grupo de trabajadores (técnicos en
integración, educadores, trabajadores sociales, animadores
socioculturales...) cuenta desde enero de este año con
cuatro trabajadores menos. Según han confirmado desde la
propia Consejería la falta de este personal ha contribuido
al ligero descenso de intervenciones llevadas a cabo por
Asuntos Sociales durante el primer semestre, en comparación
con el mismo periodo del año 2011.
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