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El Gobierno local ha comenzado a
reclamar por vía judicial las deudas a los adjudicatarios de
las VPO que no pagaban. Al mismo tiempo, sin embargo, el
portavoz del Gobierno confirma que se está estudiando la
viabilidad jurídica para ampliar las hipotecas. Martínez
muestra un talante negociador pero a la par asegura que la
Ciudad está obligada a “reclamar”. Las deudas ascienden en
algunos casos hasta los 20.000 euros y las notificaciones
judiciales ya han llegado a, al menos, 160 propietarios. Se
les exige un escrito con abogado y procurador si quieren
oponerse al pago y deben más de 2.000 euros, y los vecinos
temen que lleguen los primeros desahucios tras recibir los
requerimientos. Parece ser que el lunes habrá una reunión
para debatir el tema. Mientras, el proceso judicial continúa
su marcha.
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OPINIÓN / EDITORIAL
