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El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva,
hizo ayer unas desafortunadas declaraciones durante la
inauguración de un centro de atención a personas con
discapacidad física, cuando al referirse a la parcela
otorgada por su ayuntamiento, afirmó que se notaba que los
beneficiarios eran personas con discapacidad física, no
intelectual, “porque eligieron la mejor parcela que se les
había ofrecido”.
Desde FEAPS lamentamos que se utilice el término
“discapacidad intelectual” de forma peyorativa por parte de
los representantes políticos. FEAPS y todas sus entidades
miembros llevamos muchos años trabajando por la igualdad y
la inclusión, especialmente en este año que celebramos el
“Año de la Ciudadanía”, con el fin de recordar a la sociedad
que las personas con discapacidad intelectual son ciudadanos
de pleno derecho y, como demuestran ellas mismas a través de
un manifiesto que “queremos un trato de igual, de adulto, de
ciudadano. Para esto, necesitamos el apoyo de los
gobiernos”.
FEAPS entiende que los representantes políticos,
representantes legítimos del pueblo, deben ser modelo en
relación con las personas con discapacidad intelectual y sus
necesidades de inclusión social y laboral, promoviendo
apoyos para hacer efectiva la igualdad de oportunidades y el
ejercicio de sus derechos. En esta línea recordamos a
nuestros representantes que la dignidad de la persona y el
respeto son fundamentales para conseguir la plena inclusión.
El próximo 22 de noviembre, FEAPS se movilizará en toda
España para reclamar el cumplimiento de los derechos de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. En
los actos que organizará el todas las comunidades autónomas,
varias personas con discapacidad intelectual leerán un
manifiesto por su plena ciudadanía, elaborado por más de un
millar de estas personas durante este año 2012.
FEAPS se compromete en su Misión –entre otras cosas–, a
contribuir a que cada persona con discapacidad intelectual o
del desarrollo tenga su propio proyecto de calidad de vida y
pueda lograr su inclusión como ciudadana de pleno derecho.
Es un movimiento asociativo que representa a más de 106.000
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y
230.000 familias desde hace casi 50 años. Está formado por
891 entidades repartidas por el territorio español, en las
que desempeñan su labor 24.000 profesionales y 8.000
personas voluntarias.
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OPINIÓN
/
NOTA DE PRENSA
