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En el último año parece que la Justicia se ha erigido en el
peor enemigo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, a
la vista del numeroso cúmulo de Sentencias judiciales en
contra durante 2012, lo que también pone en cuestión la
eficacia del asesoramiento jurídico de los técnicos, quienes
han de validar con sus fundamentos de derecho, las
actuaciones de la Ciudad Autónoma. Tantos reveses a
pronunciamientos del Ejecutivo de Juan Vivas, no hacen mas
que debilitar su credibilidad y el soporte jurídico de
quienes han de defender los intereses del ente público.
Si echamos cuentas, el año aciago en este capítulo es
pródigo en sentencias negativas, entre las que se encuentran
algunas como las siguientes:
-El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Ceuta anuló recientemente la decisión del Gobierno de la
Ciudad que preside Juan Vivas (PP) denegando la autorización
ambiental integrada (AAI) a la empresa ‘Biocarburantes del
Estrecho’ para construir una planta de producción de
biocombustible en la nueva ampliación del puerto.
-Una Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía anulaba la adjudicación por parte de la Ciudad
Autónoma de dos licencias de TDT, al El Bornal y a Angulo de
Ceuta, sociedad propietaria de la marca Ceuta TV.
-El Juzgado de lo Social nº1 de Ceuta falló a favor de los
tres trabajadores que fueron despedidos por la Ciudad y que
se encontraban adscritos al Plan de Acción de la Ciudad
Autónoma de Ceuta para la acogida e integración social de
inmigrantes gracias al convenio existente entre la
Administración y el Ministerio de Trabajo desde 2008. La
sentencia resalta que la Ciudad cometió despido improcedente
y insta a la misma a readmitir a los trabajadores a su
puesto de trabajo en las mismas condiciones que venían
disfrutando antes del despido o a indemnizarlos con 12.370
euros a cada uno de ellos.
Y ahora por si fuera poco, el Juzgado de los
Contencioso-Administrativo número 2 de Ceuta estima que el
Ejecutivo local no motivó adecuadamante la decisión de
nombrar a José Diestro director general de Finanzas y
Presupuestos. Un fallo que se produce “por no ser conforme a
derecho”, atendiendo así un recurso presentado por la
Federación de Servicios Públicos de UGT contra el acuerdo
adoptado el 16 de noviembre del pasado año por el Consejo de
Gobierno.
El quid de la cuestión parece que radica en virtud de las
competencias que tiene establecidas, ya que se entiende que
deben ser ejercidas dichas funciones por un funcionario de
carrera. También entiende el juez que “tampoco queda
justificado el acto discrecional de llevarlo a cabo,
adoleciendo dicho nombramiento de una falta de motivación”.
En definitiva, la Justicia dice al Gobierno de la Ciudad que
no puede hacer lo que le de la real gana y que ha de
respetar aquéllas funciones que la ley reserva
exclusivamente a funcionarios públicos. Las funciones tan
esenciales para el interés general como la “gestión de la
fianciación de inversiones, gestión de operaciones de
endeudamiento, gestión de operaciones financieras, debe
quedar reservado exclusivamente a funcionarios de carrera,
entiende el juez.
Entiende la Sentencia que el Consejo de Gobierno debería
haber expuesto una motivación particularizada que
objetivamente justificase el uso de las potestades
excepcionales para abrir a los no funcionarios de carrera la
posibilidad de optar al cargo de una concreta Dirección
General o apelar a criterios de competencia profesional y
experiencia, algo que no se hizo, limitándose a enumerar las
funciones asignadas a dicho cargo, por lo que entiende el
juez que “adolece de falta de motivación”.
Esta sentencia judicial denota la veleidad en los
nombramientos, la falta de argumentos legales para
sustentarlos y, en definitiva, una desacertada decisión del
Consejo de Gobierno que, si se ha sustentado en algún
informe éste no tenía la suficiente solvencia como para
impedir el sonrojo del equipo de Gobierno con estas
decisiones que parecen más propias del amiguismo que de un
fundamento sólido.
La situación judicial deja al Ejecutivo de Juan Vivas en una
situación incómoda por los varapalos que viene sufriendo y
que ya se está demostrando que no son casos aislados o muy
puntuales, sino una verdadera cadena de desaciertos con
Sentencias judiciales adversas que cuestan muchos miles de
euros.
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OPINIÓN
/
ANALISIS
