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Con el fin de controlar y erradicar el fraude en el
ámbito de la vivienda protegida, Emvicesa ha creado el
Servicio de Inspección de Vivienda Municipal (SIVIMCE), que
sigue el modelo de los que existen en ciudades como Madrid y
que comenzará a funcionar en breve. Se inspeccionarán todas
las VPO para comprobar que no se ha incumplido el reglamento
que rige las adjudicaciones.
Emvicesa ha creado el Servicio de Inspección de Vivienda
Municipal de Ceuta (SIVIMCE), con el objetivo principal de
evitar “el fraude y la picaresca” en este ámbito. Según
explicó a EL PUEBLO el gerente de la sociedad, Antonio
López, el trabajo de esta nueva unidad será “exhaustivo”, es
decir, se inspeccionarán todas y cada una de las viviendas
que conforman el parque público. Para ello, Emvicesa ha
elaborado un protocolo de actuación y unos formularios que
los técnicos rellenarán con cada uno de los adjudicatarios
de las VPO en sus domicilios. Esta inspección servirá para
determinar si el adjudicatario de la vivienda protegida está
al corriente del pago de las cuotas, bien sea de compra o de
alquiler. También se comprobará que el ocupante de la
vivienda se corresponde con el adjudicatario de la misma y
que no se han realizado obras ilegales en estas propiedades
municipales. Por último, el adjudicatario podrá cumplimentar
un cuestionario para evaluar su grado de satisfacción
respecto a las condiciones de la casa adjudicada por
Emvicesa.
Los técnicos encargados de las inspecciones acudirán a los
domicilios con los datos de la adjudicación que figuran en
el registro de Emvicesa e irán “debidamente acreditados”
para que los ciudadanos puedan comprobar su identidad. Según
el protocolo del SIVIMCE, los representantes de la empresa
acudirán una primer vez a los domicilios y de no responder
el inquilino, una segunda. En caso de tener que presentarse
por tercera vez lo harán “acompañados de agentes de la
autoridad”.
Una vez recabada toda la información, desde Emvicesa se
realizarán los correspondientes comunicados a los distintos
servicios de la Ciudad competentes y con capacidad
ejecutiva. Por una parte, se dará parte de la información
disponible a Servicios Tributarios para que compruebe que
los adjudicatarios pagan sus coutas. Por otra parte, se
transmitirá información a la Consejería de Fomento para que
a su vez esta la derive al departamento al que corresponda
la inspección y apertura de expedientes por obras ilegales.
En caso de que se compruebe que el adjudicatario ha
incumplido el Reglamento de Vivienda Protegida, el piso
podrá revertir al patrimonio de la Ciudad o de Emvicesa y
abrirse expediente sancionador a la persona que haya
cometido fraude.
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