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El presidente del sector de la Administración Local por
CSI-F, Antonio Noguera, pese a aplaudir el paso dado por UGT
por denunciar el nombramiento de director general de
Presupuestos y Finanzas de José Diestro, también resaltó que
la central sindical se ha olvidado de incluir en ese
nombramiento los del tesorero, interventor y secretaria
general de la Ciudad, al considerar que estos cargos deben
ser designados por el Gobierno Central y que sin embargo
llevan años siendo escogidos a dedo por el Ejecutivo local,
por lo que su capacidad de fiscalización “queda un tanto
limitada”.
El presidente del sector de la Administración local de CSI-F,
Antonio Noguera, a colación de la denuncia interpuesta por
UGT contra el nombramiento de José Diestro como director
general de Presupuestos y Finanzas y que ha sido recurrida
por la Ciudad, resaltaba a EL PUEBLO que en la Ciudad
existen más puestos que han sido “designados por el
Ejecutivo local de forma errónea, tal y como así ha dejado
constancia la demanda ganada por UGT y recurrida por el
Ejecutivo de Vivas, como puede ser los casos del
interventor, la secretaria general y el tesorero de la
Ciudad”.
Noguera recordaba a este diario que “estas tres personas
deberían ser funcionarios de carrera de la Administración
General del Estado, además de ser nombrados por el Gobierno
Central y no por el Ejecutivo de Local, como ha ocurrido en
los tres casos”.
El presidente del sector de la Administración local de CSI-F
indica que “los puestos de interventor, tesorero y
secretario general deben ser funcionarios del Estado
agregados a los gobierno autónomos con el objetivo de que
puedan tener cierta autonomía con respecto al Ejecutivo de
la localidad”. A este respecto, Noguera indicaba que aunque
los nombramientos de estos tres cargos, designados por el
Ejecutivo de Vivas, son con carácter eventual, “esta
situación no se puede consentir, porque precisamente estos
tres puestos son los encargados de fiscalizar la labor del
gobierno local y por consiguiente, si el nombramiento es
realizado por el ejecutivo autonómico su labor está de
alguna manera supeditada o condicionada”.
Curiosamente, tal y como así lo resaltaba Noguera, esta
situación hace tiempo que se viene realizando tanto en Ceuta
como en Melilla, ya que al parecer ambas ciudades
encontraban “verdaderas dificultades” para que dichos
puestos fueran cubiertos por funcionarios de carrera de la
Administración General del Estado.
Por tal motivo insistió en que estos cuerpos deben ser
habilitados por el Estado ya que tratan de ejercer con
neutralidad e independencia los controles de legalidad al
servicios de los ciudadanos en los ayuntamientos,
mancomunidades y diputaciones provinciales.
Precisamente, con respecto a estas designaciones, en la
ciudad hermana de Melilla el pasado mes de agosto, el
portavoz del Gobierno melillense, Daniel Conesa, resaltaba
que existían negociaciones con el Ministerio de Hacienda
para determinar cómo cubrir estas plazas tanto en Ceuta como
en Melilla.
“El hecho de considerar la Ciudad Autónoma como un ente
local para que las personas que cubran estos puestos sean
funcionarios de carácter nacional no me parece correcto”,
aseveraba en aquella ocasión el portavoz gubernamental.
Asimismo, indicó que las conversaciones que existían con la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas iban
dirigidas a establecer cómo cubrir dichos puestos, aunque no
en lo que respecta al sistema, ya que la ley establece que
para ambas ciudades autónomas es de libre designación.
En la misma línea, especificó que el Gobierno central tiene
planeado introducir una serie de modificaciones en el
proyecto de ley de racionalización de las administraciones
públicas que afectarían a la cobertura de estos cargos en
autonomías y ayuntamientos.
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csi-f
