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La Plataforma Sindical y de Asociaciones de Empleadas y
Empleados Públicos, que agrupa a 33 organizaciones presentes
en el conjunto del sector público español, presentará una
demanda en los tribunales para que se les devuelva la paga
de Navidad retirada por el ‘decreto de recortes’ del
Gobierno. Tal y como se ha informado esta plataforma
emprenderá a partir de enero, cuando se haya consumado la
retirada de la paga, dos procedimientos paralelos: uno ante
la Audiencia Nacional y otro por la vía de lo Contencioso
Administrativo.
El secretario general de la Federación de Servicios a la
Ciudadanía de CCOO, Emilio Postigo, emitió ayer un
comunicado de prensa a través del cual informaba que la
plataforma de sindicatos del sector público, integrada por
CCOO, UGT, CSIF junto a una treintena de organizaciones
sectoriales, acordó el pasado miércoles, tal y como ya
adelantó EL PUEBLO, que a mediados de enero de 2013,
reclamará ante los tribunales el abono de la paga extra de
Navidad que el Gobierno anunció el pasado verano que
recortaría a los empleados y empleadas públicos.
A este respecto, ha recordado que las diferentes
organizaciones de la Plataforma Sindical y de Asociaciones
Profesionales de empleados y empleadas públicos presentarán
demandas de forma conjunta. En el caso del personal laboral,
los sindicatos presentarán ante la Audiencia Nacional una
demanda conjunta de conflicto colectivo, pues se rigen por
el Estatuto de los Trabajadores, mientras que los
funcionarios, por su parte, harán esta reclamación a través
de la vía contencioso-administrativa.
En el comunicado de prensa emitido ayer desde la FSC-CCOO de
Ceuta, la decisión de llevar a los tribunales la eliminación
de esta paga estaba tomada desde que se constituyó la
plataforma, en agosto de 2012, si bien no se puede llevar a
cabo hasta que no se produzca el devengo del pago.
Las más de treinta organizaciones que componen esta
plataforma, tal y como recoge la nota de prensa remitida por
CCOO, han rechazado la propuesta del CSIF, que sugería
reclamar, tal y como hará Extremadura con sus funcionarios,
que el cobro de la paga de junio se adelantara a enero de
2013, porque “sería conformarnos con un apaño. Lo que se nos
paga no es un regalo, sino un derecho”.
Lo que pretende el Gobierno extremeño, tal y como se dice en
la nota de prensa, es una “secuencia adelantada de pagos,
que regulariza el completo abono”. José Antonio Monago, tras
la reprimenda de Rajoy que anunció que llevaría al
Constitucional a los que no cumplieran la ley, precisó que
la paga extra de diciembre “no se restituiría”. Y así
ocurrirá, pues lo que hará es adelantar, hasta 2015, el
abono de las pagas que se venían cobrando en junio y
diciembre a enero y julio, respectivamente. En 2015 será el
Estado el que subsanará la pérdida de esa retribución a
través de una aportación “en forma de fondo de pensiones”
tal y como a adelantó el presidente del Gobierno cuando
anunció este nuevo recorte a los empleados y empleadas
públicos que, según estimaciones de los sindicatos, han
perdido hasta un 30% de su poder adquisitivo desde mayo de
2010.
Los sindicatos resaltan que la supresión de esta paga tiene
un “dudoso impacto sobre el déficit, “porque lo que se
ahorra por un lado se pierde por otro”, y censuran el “truco
hábil” que utilizan “algunas administraciones” al situar a
los empleados públicos como los “grandes culpables de la
crisis” con el objeto de “recortar servicios públicos”.
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La Ciudad se reafirma y la paga de navidad se eliminará
íntegramente
Por su parte, las centrales
sindicales también han resaltado que desde la Ciudad se ha
contestado por escrito a la solicitud realizada desde CSI-F
de que se abonara la parte proporcional de la paga de
navidad, alegando que antes de entrar en vigor el Decreto
que fijaba la eliminación de la extraordinaria de Navidad,
ya había transcurrido casi medio año. A este respecto, desde
la Ciudad se ha resaltado que el Decreto fija la eliminación
íntegra de la paga y no de forma parcial, por lo que ha
rechazado la propuesta realizada desde CSI-F. Por tal
motivo, las centrales sindicales han resaltado que sus
diferentes gabinetes jurídicos están trabajando sobre este
asunto y no descartan que finalmente lleven a la Ciudad ante
el juzgado de lo Contencioso Administrativo.
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