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El segundo borrador del Anteproyecto de la Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, contiene según el
sindicato ANPE “importantes novedades y algunas mejoras
respecto al anterior”, pero “no es la reforma global y
profunda que necesita el sistema educativo para acabar con
el fracaso y el alto índice de abandono escolar” . Señalando
los pros y los contras, ANPE pide diálogo y negociación
sobre la ley.
Tras la presentación del Missiterio de Educación del segundo
borrador del Anteproyecto de Ley para la Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE), el sindicato ANPE ha evaluado los
cambios propuestos, señalando que se han producido
“importantes” cambios y algunas mejoras, si bien no se ha
llegado a la “reforma global y profunda” que necesita el
sistema educativo español para acabar con el fracaso y el
alto índice de fracaso escolar.
Mediante una nota de prensa, ANPE ha destacado, entre los
aspectos positivos el incremento de la autonomía de los
centros educativos, el mayor peso del claustro de profesores
en las decisiones académicas, el refuerzo en todas las
etapas del aprendizaje de materias troncales y la
recuperación de especialidades que se habían eliminado en el
anterior borrador. También la mayor flexibilización del
sistema en todas las etapas incluidas las evaluaciones
externas, la incorporación generalizada de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC) al sistema educativo,
el dominio de una segunda o tercera lengua extrajera, la
revitalización del aprendizaje profesional, la posibilidad
de obtención del graduado en ESO desde la FP Básica y el
hecho de que en el calendario escolar, que comprenderá un
mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas
obligatorias, en el cómputo del mismo se incluyan los días
dedicados a evaluaciones finales de curso o etapa, una
“reivindicación expresa de ANPE” . Con todo, ANPE encuentra
también aspectos negativos, como el hecho de ser una reforma
elaborada hasta ahora de espaldas al profesorado, sin
consenso ni diálogo, sin memoria económica. Establece un
carácter competitivo en las acciones encaminadas a la mejora
de la calidad educativa y permite establecer incentivos para
el profesorado que forme parte o participe en dichos
programas. Se dota a los directores de los centros de unas
atribuciones que sobrepasan las requeridas para cumplir con
el principio de autonomía pedagógica. Por ello, y entre
otras razones, ANPE emplaza a la Administración a “una
negociación y debate profundo” sobre la reforma.
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