Actuar en consecuencia
 

Juan Carlos Trujillo Muñoz
opinion@elpueblodeceuta.com
 

Resulta descorazonador comprobar la proliferación en los últimos años de asociaciones y organizaciones creadas por inmigrantes marroquíes residentes en nuestro país cuya única intención es defender los intereses de su país de procedencia en detrimento de los del país de acogida. Asociaciones y organizaciones empecinadas, entre otras muchas cuestiones, en reivindicar la marroquinización de territorios españoles extra peninsulares. Ciudadanos marroquíes que disfrutan de los derechos y las libertades existentes en nuestro país así como, de subvenciones públicas para arremeter contra los principios que cimentan el documento que les confiere su estatus.

En esta ocasión, debo referirme a la Asociación Watani para la Libertad y la Justicia, una asociación creada con la intención de defender unos derechos ya reconocidos en el artículo trece de nuestra Carta Magna, pero cuya realidad es diametralmente opuesta si analizamos algunas de las iniciativas protagonizadas por sus principales dirigentes en los últimos años. Expondré algunos ejemplos que demuestran esta afirmación; apoyo de esta asociación a la consulta independentista planteadas por los nacionalistas catalanes o la petición al reino de Marruecos del traslado de las iglesias católicas de los centros urbanos a zonas del extrarradio.

Quizás esta asociación, presuntamente financiada con fondos públicos, creada para defender las libertades de los extranjeros en un país democrático como el nuestro, debería destinar todos sus esfuerzos a reivindicar estos mismo derechos en su país de procedencia o exigir un mayor esfuerzo inversor del Reino de Marruecos en beneficio de una ciudadanía, que comprueba indignada como las cantidades económicas destinadas en los presupuestos a sostener a la familia real marroquí es diez veces mayor que el destinado a la familia real española. Una familia real que actualmente recibe 2.500 millones de dírhams al año, equivalente a 234 millones de euros.

¿Cómo es posible que estas asociaciones exijan en nuestro país lo que no exigen en el suyo?, ¿cómo es posible que estas asociaciones pretendan interferir en materias reservadas exclusivamente a quienes disfrutamos de la nacionalidad española? Y por último ¿cómo es posible que a pesar de todo lo dicho, estas asociaciones puedan recibir subvenciones públicas? El Gobierno de España debe reconsiderar las decisiones adoptadas por los anteriores gobernantes, analizar en profundidad las distintas actividades que estas asociaciones desarrollan y actuar con la firmeza que el Estado de Derecho les confiere.