|
José y Noelia están al límite. Tienen sobre sus hombros el
peso de dos hipotecas, una sobre una casa que compraron y
que le derribaron tres años después porque la declararon en
ruina inminente, y otra de la vivienda en la que ahora
residen. Tienen dos niños pequeños y en su hogar sólo entra
un sueldo de mil euros. Las cuentas no les salen, y sólo
pueden llegar a fin de mes con la ayuda de sus familias. Su
banco no acepta su petición de que se realice una rebaja en
las cuotas de la hipoteca. Al contrario. En marzo, ya les
han avisado de que les subirán la letra de una casa que
compraron en buen estado pero que resultó estar en ruina.
Las carencias, tampoco son una opción, ya que después se
incrementan las cuotas.
En 2005 esta pareja iniciaba una vida en común en una casa
en el Recinto Sur. “Era una caramelo”, recuerda José que
explica como la vivienda unifamiliar se encontraba en buen
estado y así lo verificó el tasador del banco, que tras
visitar la casa le ofreció una hipoteca del 100% del precio
de la vivienda. Sin embargo, el dicho de que no es oro todo
lo que reluce cayó sobre ellos en poco tiempo. En diciembre
de 2008, Noelia recuerda especialmente una noche de lluvia.
“La casa se nos caía encima, las paredes se rajaban, el
techo se caía” relata esta mujer que tuvo que salir
corriendo con lo puesto y su hija, de ocho meses, en brazos.
Al día siguiente declararon su vivienda en estado de ruina
inminente y les obligaron a desalojarla. Las paredes eran de
adobe y no de ladrillo, por lo que su consistencia era débil
y frágil. “Incluso encontramos conchas en la arena de las
paredes”, relata Noelia.
La Ciudad Autónoma se encargó de derribar la casa. El
arquitecto municipal les aseguró que existía el riesgo de
que se quebrara por la mitad y parte de la estructura cayera
a la carretera. Por ello, renovar la casa era imposible.
Había que tirarla abajo y por ello la Ciudad Autónoma le
exigían que pagarán 7.000 euros, pero no pudieron hacerle
frente y se aplazó el pago, ahora la cantidad ya supera los
9.000 euros porque se acumulan los interesen, según explica
este matrimonio. Desde la Administración local tampoco han
planteado la alternativa de cancelar la deuda.
Cuando se encontraron con esta situación, José y Noelia
acudieron al seguro. El banco les había obligado a contratar
una póliza para otorgarle la hipoteca. Sin embargo, desde la
agencia de seguros también les cerraron la puerta. La
empresa les devolvió el recibo de ese año en cuanto esta
pareja comunicó al banco que les declaraban la casa en ruina
para no hacerse cargo del siniestro.
La posibilidad de vender el solar para recuperar parte de la
inversión y saldar la hipoteca tampoco es viable para este
pareja que ve todos los caminos vetados. El terreno forma
parte de un proyecto urbanístico de la Ciudad Autonóma, por
lo que no se puede construir en él. “Nadie compra una tierra
donde no se puede hacer nada”, constata amargamente José.
Sin embargo, el proyecto no sale adelante y tampoco se
cancela.
Con las manos atadas y sin un techo bajo el que cobijarse.
Esta pareja, con una niña de ocho meses, se vio obligada a
vivir en casa de sus padres. Durante una época con la
familia de Noelia y otros meses con la de José. Mientras,
seguían pagando la hipoteca. Sin embargo, Noelia no se
resignó y acudió varias veces al Ayuntamiento para pedir una
casa de Protección Oficial. Finalmente les otorgaron una en
El Sarchal, por la que pagan una hipoteca de más de 200
euros. En principio, la Ciudad Autónoma les ofreció una
permuta de la casa por el solar, pero nada de eso se ha
materializado, según explica esta pareja. Ahora pagan más de
800 euros en hipotecas. Por la primera casa tienen unas
cuotas de 600 euros que en marzo pasarán a ser de 720 euros.
“Sólo pedimos una solución”, reclama José para afirmar que
él quiere pagar, pero un cantidad que se pueda permitir.
“Ahora tengo miedo de que me embarguen, yo he dado la cara
siempre, pero ya no puedo hacer más”, señala.
Este padre de familia incluso ha acudido a los juzgados,
donde denunció a las personas que le vendieron la casa por
estafa. Ganó el juicio y la sentencia obligaba a los
anteriores propietarios a restablecer la cantidad pagada por
la casa. Sin embargo, en la Audiencia Provincial le quitaron
la razón sin oportunidad de recurrir. Ahora, quieren
denunciar al seguro, pero como José tiene nómina no tienen
derecho a un abogado de oficio. Ellos tampoco se pueden
costear el servicio de un letrado y, a la desesperada, hacen
un llamamiento para que alguien que lea su historia les
ayude.
Hace solo dos meses, José y Noelia han tenido a su segundo
hijo. Las navidades se acercan y Noelia sólo tiene el deseo
de poder comprarle un regalo de Reyes a su hija mayor, de
cuatro años. “He pedido en el banco que este mes nos rebajen
la cuota y me han respondido que si no pago ya se lo que
hay”, se queja esta madre. Desde que los desalojaron han
pagado todas sus cuotas, menos dos, y temen que los
denuncien el día menos esperado. “Ya no me salen las
lágrimas, hemos derramado muchas, y ahora hemos asumido que
tenemos que vivir”, afirma cabizbajo José, que sólo sonríe
al recordar que sus hijos le ayudan a salir adelante. “Hemos
sido víctima de una estafa”, lamenta este padre de familia,
que sólo quiere una oportunidad para salir adelante y no
verse ahogado por la hipoteca de una casa que no tiene.
|
|
La dación en pago, una alternativa vetada por la que luchan
desde Adicae y los sindicatos
Para José y Noelia, la dación en
pago está vetada. En su casa entra un sueldo, pero no da
para pagar las dos hipotecas y mantener a la familia. Sin
embargo, en el banco no aceptan esta opción para saldar su
deuda. Desde Adicae y los sindicatos trabajan para que esta
modalidad, con la que se cancela la hipoteca al entregar el
inmueble, sea obligatoria para los bancos. Hasta ahora, las
entidades pueden rechazar la dación en pago, aunque esta se
recomienda en el Código de Buenas Prácticas. En la ciudad,
la Federación de Asociaciones de Vecinos (FPAV) se ha
encargado de recoger firmas en favor de la dación en pago,
iniciativa que también se ha promulgado por los sindicatos
para evitar que familias en riesgo de exclusión social
tengan que hacer frente a hipotecas que no pueden pagar. Sin
embargo, por parte de las entidades financieras son reacios
a llevar a cabo esta práctica que sería la solución para
miles de familias que durante la crisis han visto como sus
recursos económicos disminuían.
|
REPORTAJE / AFECTADOS POR LA CRISIS
