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Luz Elena Sanín, actual senadora del Partido Popular y
abogada en ejercicio, fue desde 1.975-80 juez titular en
Medellín (Colombia) hasta que decidió trasladarse a trabajar
a España. Su ejercicio de la abogacía y de la judicatura,
además de parlamentaria, la convierten en una voz autorizada
a la hora de opinar sobre las actuales protestas de la
Administración de Justicia, cuando se alude a la falta de in
dependencia judicial por las presiones políticas o a las
injerencias de los políticos en el ámbito judicial o la
incidencia de los partidos a la hora de designar los
miembros del Consejo General del poder Judicial. De ahí que
su opinión en estos momentos, sea muy relevante por formar
parte de dos colectivos en conflicto: el político y la
Administración de Justicia.
Luz Elena Sanín, siempre dice lo que piensa y también,
piensa lo que dice. De ahí que su opinión en estos momentos,
sea muy relevante por formar parte de dos colectivos en
conflicto: el político y la Administración de Justicia.
Su partido, el PP está siendo muy cuestionado por las
reformas emprendidas, precisamente por un sector al que ella
aún pertenece. Mujer valiente, no se siente entre la espada
y la pared, porque tiene los conceptos muy claros y su
criterio aún más.
Pregunta.- Los jueces y fiscales se han concentrado para
solicitar su independencia. ¿Qué opinas, no ya como senadora
sino como juez titular que fuiste en Medellín (Colombia) y
abogada en ejercicio en España?
Respuesta.- Cuestionar la independencia de los poderes
públicos del Estado, es tanto como cuestionar el Estado de
Derecho en el que se basan principios inalienables como
libertad, la igualdad, la justicia y en definitiva, la
democracia; es olvidar que, los poderes públicos están
delimitados y tasados por las normas jurídicas; es decir,
que, el Estado de Derecho es aquél Estado en el que tanto
las relaciones de los ciudadanos entre sí, como las de los
poderes públicos con respecto a los ciudadanos y las de
tales poderes entre ellos mismos, están delimitados de la
manera más clara y precisa por normas jurídicas controlables
por Tribunales independientes de los otros dos poderes del
Estado. Y nunca durante los Gobiernos del Partido Popular se
ha visto quebrantada esa independencia judicial uno de los
valores más profundos de nuestro Estado Social y democrático
de derecho.
P.- En su intervención, el portavoz de la Administración
de Justicia de Ceuta ha dicho “que no haya ningún Gobierno
que pueda controlar las decisiones de los jueces y
fiscales”, como si las Sentencias estuvieran condicionadas
en algún momento, incluso ha dicho que los nombramientos en
el Consejo General del Poder Judicial “es como un cambio de
cromos” entre los partidos. ¿Qué opinión te merecen estas
afirmaciones?
R.-Ejecutivo, legislativo y jurisdiccional, como poderes
públicos del Estado gozan, como no puede ser de otra forma,
de una total independencia sin que de ninguna manera puedan
uno u otro, interferir en asuntos que no son de su
competencia; por ende, ni el Ejecutivo puede interferir en
las decisiones de Jueces y Magistrados, ni estos han de
interferir en las decisiones del ejecutivo; se puede
discrepar de las decisiones adoptadas por uno u otro poder,
pero nunca pretender la alteración de una decisión
soliviantando los ánimos sociales.
P.- Por tanto, ¿no se puede cuestionar en ningún momento
la independencia judicial?
R.-La independencia judicial está garantizada en nuestra
Constitución y enraizado en el corazón de la sociedad que
“la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del
Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial,
independientes, inamovibles, responsables y sometidos
únicamente al imperio de la ley”; así pues, son los Jueces y
Magistrados quienes tienen el derecho y el deber de impedir
con las “armas de la ley”, que esa independencia les sea
quebrantada, además de ser ellos mismos, garantes de la
independencia de los demás poderes públicos del Estado.
P.- No gustan las reformas emprendidas por el Gobierno de
Mariano Rajoy ...
R.-Las reformas emprendidas por el Gobierno de España en un
intento titánico de reconducir la economía, reducir el
déficit, incentivar la creación de empleo y hacer más viable
el acceso a una justicia de calidad y en igualdad para todos
los ciudadanos, no ponen en peligro la independencia
judicial, “a contrario sensu”, lo que se pretende, es
agilizar la Administración de Justicia.
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ENTREVISTA / LUZ ELENA SANÍN
