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El repunte de inmigrantes indocumentados del último mes y
medio en el Estrecho ha vuelto a dejar en evidencia la
situación del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE)
establecido en la antigua prisión de La Piñera de Algeciras
(Cádiz), donde un centenar de personas custodiadas por media
docena de policías tienen que hacer frente a graves
deficiencias.
Las deficiencias del edificio son evidentes. La falta de
condiciones de vigilancia favoreció que el pasado 31 de
octubre, en plena avalancha de inmigrantes en las costas de
Algeciras y Tarifa, una decena de internos se fugara
saltando la valla. Además, el edificio presenta humedades y
daños causados por la lluvia, así como mobiliario
inadecuado. “Hay sillas sin respaldo, mesas sujetas con un
ladrillo o puertas y sanitarios rotos en los servicios”,
asegura el secretario local del SUP, Juan Antonio Morillo,
quien considera “injusto” que sus compañeros tengan que
“trabajar en estas condiciones”. Hasta la Fiscalía General
del Estado en su memoria de 2011 destacó la masificación del
centro y la ausencia de módulos diferenciados.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha),
Andalucía Acoge, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y
algunos partidos políticos han exigido el inmediato cierre
de las instalaciones y su cesión al Ayuntamiento para el uso
del edificio con fines sociales.
Quienes reclaman el cierre del CIE de Algeciras, pretenden
que siga la senda del centro de Málaga: un edificio ruinoso
que cerró sus puertas en junio después de 12 años y tras
haber sido escenario de diferentes polémicas e
irregularidades policiales.
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