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La Ciudad ha definido jurídicamente el marco de actuación
para la colaboración público-privada en cuestión de
construcción de viviendas. Se busca esta colaboración que
pagaría la propia Ciudad mediante un canon como alternativa
de venta de parcelas.
La actual coyuntura económica con el perjuicio en la
concesión de créditos, obliga a que la Ciudad se plantee
activar ese suelo del que dispone sin venderlo. Y se haría
mediante la fórmula jurídica del “derecho de superficie”, es
decir, la Ciudad pone el suelo, estas parcelas y un promotor
privado adquiere el derecho de superficie para contribuir a
la construcción de viviendas en esas parcelas. Viviendas que
una vez construidas, serían cedidas a la Ciudad mediante un
canon que pagaría la Ciudad y que ésta, a su vez, cedería a
los usuarios mediante fórmulas de arrendamiento. De esta
manera, el canon de la Ciudad soportaría la cobertura de la
inversión y nadie tendría que verse obligado a tener que
buscar un crédito, con la dificultad que entraña en la
actualidad, para financiar la compra de esa vivienda.
Es una fórmula para facilitar el acceso a tantas personas
necesitadas.
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acuerdo
