|
La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado este miércoles
la reapertura de la causa en la que se investiga el uso de
fondos de la Federación Española de Fútbol (RFEF) para
costear viajes privados en 2002 y ha vuelto a imputar a
varios de sus responsables, entre ellos a su presidente,
Ángel María Villar. En un auto notificado este miércoles, la
sección cuarta de la Audiencia madrileña revoca parcialmente
la decisión de archivar el caso tomada en noviembre de 2010
por el juez Adolfo Carretero, y ordena a este proseguir las
investigaciones en lo que se refiere a los viajes al Mundial
de Corea y Japón y “a la justificación de las partidas de la
cuenta de caja relativas a dietas y gastos de viajes”.
Además de Villar, el auto dispone la imputación por estos
hechos del administrador general de la RFEF, José María
Castillón; del vicepresidente económico Juan Antonio Padrón;
del miembro de la Junta Directiva Antonio Borrás; y del
vicepresidente Juan Espino.
La reapertura del caso es consecuencia del recurso de
apelación interpuesto contra el archivo por el
vicepresidente segundo de la Liga de Fútbol Profesional,
Javier Tebas, que fue quien en 2003 interpuso una denuncia
contra Villar, Padrón y otros directivos de la RFEF por los
presuntos delitos de apropiación indebida, administración
desleal y falsedad documental.El tribunal justifica la
reapertura de la causa en las conclusiones de un informe
elaborado por dos peritos de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT).
Informe deficiente
Ese informe señala que la justificación de los viajes
realizados con fondos de la RFEF “es deficiente” y que la
manera de facturarlos “era caótica”. Así, según Hacienda,
algunas facturas eran emitidas “con un retraso de años”,
mientras que en otras ocasiones faltaba en las facturas
-cuyo pago la RFEF “demoraba mucho”- el detalle necesario
para conocer “el desglose de los gastos en que incurrieron
los acompañantes de los federativos”. “Puede aventurarse que
los gastos de viaje de los acompañantes de determinados
miembros o directivos de la RFEF eran abonados con fondos de
ésta y que no estaba previsto que tales desembolsos fueran
luego a ser reintegrados al patrimonio de la Federación”,
dice el auto. La Audiencia destaca el hecho de que, una vez
que se conoció por la prensa el abono de gastos de viaje de
familiares o acompañantes de determinados directivos,
algunos de los imputados comenzaron a abonarlos “de forma
precipitada y desordenada”. Eso “viene a indicar, de un
lado, que no se había acordado por el órgano federativo
competente que esos gastos de viaje a familiares o
acompañantes fueran abonados con cargo al patrimonio de la
Federación y, de otro lado, que los imputados conocían que
el abono de esos gastos por la Federación era cuando menos
irregular”.
“Es claro que procede la continuación de la causa (...),
pues existen indicios que conducen a la razonable
probabilidad de que los imputados que ostentaban cargos en
la RFEF puedan haber incurrido en un delito de apropiación
indebida o en un delito societario de administración
desleal”, señala el tribunal.
La conducta atribuida a los imputados “sí generaba el
perjuicio requerido por los tipos penales que pudieran
resultar aplicables, pues es evidente que el pago de los
gastos de viaje de los familiares o acompañantes de los
cargos federativos suponía una directa detracción de fondos
de la RFEF, con el consiguiente y directo perjuicio al
patrimonio de ésta”, añade.
El fiscal se había opuesto a la reapertura de la
investigación argumentando, entre otras cosas, que la RFEF
es una entidad asociativa privada, pero la Audiencia
recuerda que el Código Penal no exige “que las conductas
delictivas recaigan sobre fondos públicos o entidades
públicas”.
|
fútbol /
justicia
