|
Las centrales sindicales han terminado de elaborar sus
respectivos balances del año 2012. Así, el secretario
general de UGT en Ceuta, Antonio Gil, valoraba este año que
mañana llegará a su fín como “el peor de la democracia”.
Para el ugetista este año 2012 ha venido marcado por una
política agresiva contra el Estado de Bienestar gracias a
ajustes y recortes sin precedentes.
Al igual que ya hicieran CCOO y CSI-F la pasada semana, el
secretario general de UGT en Ceuta, Antonio Gil ha realizado
un balance de lo que ha sido este año 2012, que llega a su
fin, a nivel sindical.
A este respecto y una colaboración realizada para EL PUEBLO,
Antonio Gil resalta que en este 2012 que se aproxima a su
fin, desgraciadamente, hemos asistido al peor año de la
democracia. Nuestra sociedad en general está padeciendo una
involución social y democrática de consecuencias
irreversibles. En el contexto de la crisis que azota a
nuestro país desde 2008, la llegada al poder del Gobierno
del Partido Popular ha supuesto el revés más grave, no sólo
para los trabajadores y trabajadoras, sino que, podemos
afirmar también, sin temor a equivocarnos, para el conjunto
de la sociedad en general. En resumen, el año 2012 viene
marcado por las medidas antisociales que ha ido adoptando el
nuevo gobierno, cautivo de manos europeas y esclavo de las
sacudidas de los especuladores.
Posiblemente nada de ello nos habría sorprendido de forma
tan mayúscula, si acaso el Gobierno, en un intento por
aplicar su programa electoral, hubiese errado en la adopción
de medidas para salir de la crisis. Pero aquel programa
electoral resultó ser un globo hinchado de aire que estalla
apenas despega unos metros de la tierra. El Ejecutivo de
Mariano Rajoy aparcó lo prometido en campaña electoral y en
total contradicción con sus posiciones electorales,
emprendió una política de ajustes, recortes y destrucción de
derechos históricos jamás antes conocidos; por eso, esta es
una de las causas por las que nuestra central sindical (UGT)
ha solicitado la celebración de un referéndum para dar la
oportunidad a que los ciudadanos se pronuncien sobre esta
insólita situación de secuestro democrático.
Tras las elecciones del 20 de noviembre de 2011 y la toma de
posesión en enero de 2012 del nuevo gobierno, se firma el
mismo mes de enero el II Acuerdo para el Empleo y la
Negociación Colectiva 2012-2014, con el objetivo de contener
los salarios, flexibilizar las relaciones laborales e
intentar el compromiso de que una parte de los márgenes de
beneficio de las empresas fuesen a parar a la inversión
productiva. El fin era no seguir destruyendo empleo.
El 10 de febrero se aprueba en el Consejo de Ministros la
mal llamada reforma laboral que el propio ejecutivo califica
de “extremadamente agresiva”, sin apenas amago de diálogo
con los agentes sociales. Su contenido fue comunicado a las
centrales sindicales ¡por teléfono! y según las
explicaciones, trataba de facilitar la contratación,
potenciar los contratos indefinidos frente a los temporales
y considerar al despido como último recurso a utilizar en
las empresas acosadas por la crisis. Nada de ello era
cierto. Asistíamos a un puro espejismo, una mera
escenificación. Nuestra respuesta fue la convocatoria de una
Huelga General el 29 de marzo de 2012.
El Gobierno no ha tenido ningún interés en propiciar un
acercamiento con los agentes sociales. De las 214 páginas de
su programa electoral, no hay la más mínima referencia al
diálogo social. No es un simple olvido, es una estrategia.
Desde primer momento ha presentado en sociedad cuál va a ser
su modus operandi: obviar el diálogo y gobernar a base de
decretazos. De esta guisa, asistimos a una cascada de reales
decretos de una gravedad y ataques sin precedentes a la
clase trabajadora y al conjunto de la sociedad. Incrementos
del IVA e IRPF, eliminación de las pagas extraordinarias de
los empleados públicos, congelación de las ofertas públicas
de empleo, recortes de las prestaciones sociales,
disminuciones brutales en los presupuestos de servicios
esenciales como la Sanidad y la Educación, ataques a las
pensiones... Y en una vuelta más de tuerca, para silenciar a
quien pudiera resultar molesto, redujeron en más del 40% la
participación en las instituciones de los representantes
legales de los trabajadores e incluso amenazaron con
reformar la ley de huelga.
Como ejemplo de la separación ostensible entre la forma de
gobernar y los problemas reales, baste señalar las recientes
medidas contra los desahucios. El Gobierno no sólo acudió en
último lugar para apagar las llamas, sino que ha dejado la
hoguera con rescoldos, con una intervención pusilánime y
timorata. La UGT, desde hace tiempo y ante el cariz que
estaba mostrando los acontecimientos, advirtió del auténtico
problema que se avecinaba e inició, también en nuestra
ciudad, una recogida de firmas para promover una Iniciativa
Legislativa Popular que pueda detener los desahucios, y a
favor del alquiler social.
En esta situación, las medidas de un Ejecutivo cegado y
obsesionado en la reducción del déficit público, han logrado
el efecto contrario y, como consecuencia de ello, los datos
del desempleo, lejos siquiera de estacionarse, siguen
experimentando un ascenso imparable, y nuestro país ya se
encuentra al filo de los seis millones de parados. ¡Y eso
que la reforma laboral era el antídoto al crecimiento del
paro! En estas circunstancias volvimos a plantear la
convocatoria de una Huelga General el 14 de noviembre, la
segunda en apenas siete meses, pero necesaria y justificada
ante el gravísimo efecto que estaba causando sobre la
ciudadanía una política continuada de recortes y ante la
ausencia de medidas para favorecer el crecimiento económico
y crear empleo.
Las cifras de paro se manifiestan especialmente alarmantes
en Ceuta, una ciudad en crisis permanente, sin modelo
económico y con un déficit estructural, con un gobierno
autonómico acomodado, sin soluciones e incapaz de combatir
el paro con una sola medida que no sean los planes de
empleo. En nuestra ciudad, el desempleo está sacudiendo con
extremada crudeza a los jóvenes y a las mujeres,
traduciéndose en un aumento del empobrecimiento en miles de
familias, muchas de ellas con necesidades urgentes y otras
muchas, en el umbral de la pobreza. Caminamos hacia la
desaparición irremediable de la clase media.
La consecuencia directa de todo esto ha sido un creciente
desasosiego y crispación. Los ciudadanos estamos asistiendo
a un estado de convulsión permanente, a un desánimo
generalizado. El descrédito político se está apoderando cada
vez más de todos nosotros y la vía del decreto-ley ha ido
creando un sistema político devaluado, que sólo se combate
con una implicación directa de los ciudadanos. Los partidos
políticos deberían ir planteándose la implantación de listas
electorales abiertas para ganar en calidad democrática; de
esta manera harían al ciudadano más partícipe y
corresponsable de la vida política.
La principal preocupación en estos momentos es que, en este
estado de crisis aguda, se deben realizar los esfuerzos
precisos para generar la confianza necesaria, y el Gobierno
debe ser el primero en propiciar un escenario favorable,
donde domine el diálogo y el consenso como elementos
imprescindibles para devolver la citada confianza a los
ciudadanos.
|
union general de trabajadores
