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Medio millón de euros. Eso es lo
que se va a invertir en externalizar el servicio para
derribar construcciones ilegales. Actuaciones que, hasta el
momento y a pesar de anunciar el Gobierno local hasta la
saciedad que se habían incrementado las medidas para
erradicar las obras ilícitas, no han tenido una repercusión
palpable. Las “grandes obras” tendrán que esperar a que se
externalice el servicio. A ver si este año hay suerte y la
ciudad deja de aumentar un caos urbanístico que afecta a los
servicios básicos, porque claro, no se va a dejar a los
constructores ilegales sin aceras, calles, etc., etc. Habrá
que dar un voto de confianza a la consejera de Fomento
porque sus antecesores miraron para otro lado. Por lo menos,
ya hay muchos expedientes. Algo es algo.
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OPINIÓN / EDITORIAL
