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Las diferentes organizaciones de la Plataforma Sindical y de
Asociaciones Profesionales de empleados públicos, compuesta
por más de una treintena de entidades, presentarán denuncias
de forma conjunta para reclamar la supresión de la paga
extra de Navidad a todos los trabajadores públicos. Al
presentar una sola reclamación, todas las organizaciones
presentes en el plan podrán hacerse cargo de los costes
judiciales y así evitarán un gasto innecesario a los
trabajadores públicos.
La estrategia sindical diseñada contra el Gobierno durante
este año 2013 no se detendrá en las protestas de la calle.
Además de las numerosas manifestaciones contra las medidas
del Ejecutivo, los sindicatos pretenden sentar a la
Administración en el banquillo con un plan muy bien
orquestado.
Las diferentes organizaciones de la Plataforma Sindical y de
Asociaciones Profesionales de empleados públicos, compuesta
por más de una treintena de entidades, presentarán denuncias
de forma conjunta para reclamar la supresión de la paga
extra de Navidad a todos los trabajadores públicos.
Tal y como adelantaba ayer a EL PUEBLO, el presidente de CSI-F
en Ceuta, Ricardo Mártínez, se preparará una sola demanda
por cada ámbito de representación (Sanidad, Educación,
administraciones...) y será interpuesta por una persona en
representación de todos los empleados públicos de ese
entorno.
Según Martínez, al presentar una sola reclamación, todas las
organizaciones presentes en el plan podrán hacerse cargo de
los costes judiciales y así evitarán un gasto innecesario a
los trabajadores públicos, que tendrían que pagarlo por su
cuenta si tuvieran que denunciar uno por uno la reforma”.
En el caso del personal laboral, los sindicatos recurrirán
ante la Audiencia Nacional, puesto que se rigen por el
Estatuto de los Trabajadores, mientras que los funcionarios,
por su parte, tendrán que hacer esta reclamación a través de
la vía contencioso-administrativa, tal y como ya adelantara
hace más de un mes EL PUEBLO.
Las denuncias se realizarán contra los organismos que
deberían haber pagado la “extra” en cada ámbito, es decir,
en sectores como la educación o la sanidad en los que las
consejerías son autonómicas se realizará una queja por cada
comunidad con la crítica contra la decisión del Gobierno
como telón de fondo. Por su parte, otro tipo de
trabajadores, como los de los ministerios, tendrán que
reclamar a nivel estatal, porque la competencia es de la
Administración Central.
Extensión de sentencia
En el siguiente paso de la trama sindical, siempre y cuando
alguna de estas denuncias consiguiera prosperar y ganar el
recurso, lo que significaría que el reclamante logra cobrar
la paga extra, sería que los organismos que constituyen la
Plataforma pedirían a la Justicia la extensión de sentencia
a todo el ámbito nacional.
Una vez conseguido esto, cada trabajador del sector que haya
ganado la demanda debería pedir que se le ingresase la paga
porque, según Martínez, “es igual un médico o un profesor en
un lugar que en otro”.
Las demandas, aún en proceso de preparación, serán
presentadas, previsiblemente, a finales de la próxima semana
o principio de la siguiente en todos los órganos que
deberían haber pagado la “extra” y no lo han hecho.
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“Los plazos nos otorgan tiempo para ejercer nuestros
derechos”
A este respecto, el presidente de
CSI-F en Ceuta, Ricardo Martínez, resaltaba que, tal y como
ya había adelantado en alguna ocasión, “vamos a recurrir los
efectos del Real Decreto de recortes.
Creíamos que era mejor hacerlo en unidad sindical, por lo
que las asesorías jurídicas nacionales de los principales
sindicatos (CSIF, UGT, CCOO) están celebrando reuniones con
el fin de tomar acciones legales contra el recorte de la
paga extra, para impedir su retroactividad (es difícilmente
justificable que nos descuenten los 45 días desde el 1 de
junio al 15 de julio); el no haber negociado ninguna de las
medidas, suponiendo una variación sustancial de las
condiciones de trabajo y otra serie de derechos conculcados
cuyo recurso también será objeto de estudio. Buscamos una
fórmula para que dicho recurso cause el menor trastorno y
coste posible para los trabajadores. Los plazos nos otorgan
tiempo suficiente para ejercer nuestros derechos. Por ello,
sin prisa pero sin pausa, desde CSIF continuaremos
defendiendo los intereses de los empleados públicos”,
concluía Martínez.
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sindicatos
