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La nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, que el Gobierno tiene previsto aprobar
en el Consejo de Ministros del día 25 de este mes, dará un
plazo de un año para que las diferentes Administraciones
locales se sometan a una auditoría que será la que determine
cuáles de ellas se suprimen y la redistribución de
competencias. Los criterios a los que deberán responder las
Administraciones locales en este examen de reválida serán
los de la relación entre el coste y la calidad de los
servicios, el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria
y la transparencia en la contabilidad y en la gestión.
Prestar servicios más baratos. Ese es el principio general
que inspira la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, que el Gobierno tiene previsto
aprobar en el Consejo de Ministros del día 25 de este mes y
que dará un plazo de un año para que las diferentes
Administraciones locales se sometan a una auditoría que será
la que determine cuáles de ellas se suprimen y la
redistribución de competencias.
Aunque el texto del proyecto está ya prácticamente ultimado,
el Ejecutivo quiere ampliar una semana más las negociaciones
con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
y con el PSOE para conseguir el máximo apoyo a la reforma,
aunque las posturas son todavía muy distantes y el acuerdo
no parece que vaya a producirse.
En principio, y en contra del criterio inicial del
Ministerio de Hacienda, que abogaba por eliminar las
mancomunidades de municipios, el proyecto final que llevará
al Consejo de Ministros, aplazará, a instancias de la FEMP,
la supresión de instituciones hasta conocer los resultados
de una auditoría, a la que deberán someterse todas las
Administraciones locales, en el plazo de un año, para
determinar los estándares de calidad y de los servicios que
actualmente están prestando.
Los criterios a los que deberán responder las
Administraciones locales en este examen de reválida serán
los de la relación entre el coste y la calidad de los
servicios, el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria
y la transparencia en la contabilidad y en la gestión.
Todas las Administraciones que no superen los estándares
mínimos que fije el Gobierno del Estado dejarán de prestar
los servicios “que pasarán a ser desempeñados por una
administración superior”, en palabras de un responsable del
Departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro. Es
decir, que los ayuntamientos que no aprueben la reválida
cederán sus competencias a las mancomunidades, y éstas a las
diputaciones o cabildos.
Sueldos y concejales
Este plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley
hasta la realización de la auditoria obligará a aplazar
hasta 2014 el cumplimiento de los objetivos más importantes
de la reforma, como la racionalización de nuestro sistema de
Administración local con la supresión de administraciones y
de la duplicidad de competencias y servicios; además del
recorte de una parte de los gastos que se pretendía.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,
ha fijado en unos 3.500 millones de euros el ahorro en el
gasto que se producirá una vez que se lleven a cabo las
medidas de reforma que recoge el anteproyecto de Ley. Lo que
de momento permanece en el proyecto es el recorte previsto
tanto en el número de concejales como los sueldos que
perciben los ediles y los alcaldes, aunque las negociaciones
de última hora podrían modificar las cifras.
Respecto a los concejales, el objetivo de la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local
es eliminar 20.240 de estos regidores municipales hasta
limitar su número a 48.338 en toda España, frente a los 68.
538 que existen en la actualidad.
Además, el proyecto del Gobierno plantea también que el 75
por ciento de los concejales dejen de percibir sueldo, por
lo que la nueva normativa fijará el número de concejales que
en cada ayuntamiento podrán cobrar un salario por el
desempeño de su función municipal. Los criterios para
decidir el número de ediles profesionales se fijarán en
función del número de habitantes de cada municipio.
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MEDIDAS
