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ANPE ha exigido al Gobierno la “restitución inmediata a
los funcionarios de al menos la parte proporcional de la
paga extra de navidad”, apoyándose en la sentencia favorable
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la duda
planteada por la Audiencia Nacional sobre la
constitucionalidad del Real Decreto Ley 20/2012 del 13 de
julio.
ANPE, a través de un comunicado de prensa y tras los
precedentes surgidos con la sentencia del TSJM a favor de
abonar la parte devengada de la paga extra de navidad y de
la Audiencia Nacional que plantea dudas sobre la
constitucionalidad del Real Decreto Ley 20/2012, exige al
Gobierno “la inmediata devolución de la paga extraordinaria
de Navidad o al menos, en su defecto, la parte proporcional
de dicha paga, por el periodo devengado hasta el 15 de julio
pasado, cuando entró en vigor el Real Decreto ley 20/2012,
de 13 de julio”. A través del citado comunicado de prensa,
ANPE recuerda que los funcionarios docentes sufrieron en
2010 un recorte salarial del 5% y tres congelaciones
posteriores que han supuesto una merma de retribuciones
superior al 20% de media. La reducción de la paga a los
funcionarios docentes en su nómina anual de los empleados
públicos ha supuesto un recorte salarial bruto que oscila
entre el 5% y el 7%.
A ello se debe sumar para este colectivo, los durísimos
recortes que han llevado a cabo las comunidades autónomas, y
que afectan a los derechos laborales y sociales, y a los
complementos retributivos. Y todo ello con una peculiaridad,
que las previsiones establecidas en el RD ley 20/2012, de 13
de julio, sobre compensación de la paga a partir del 2015 en
forma de plan de pensiones para los funcionarios civiles de
la Administración General del Estado, no resulta de
aplicación para los funcionarios docentes que están
excluidos de dicho plan de pensiones formalizado en el año
2002.
“El Gobierno está imponiendo un dramático esfuerzo al
funcionariado para pagar la mala gestión del gasto público y
de la economía, que han llevado a cabo en la última década
gestores a los que nadie pide cuentas de sus actos”. ANPE
advierte que la grave situación actual no podrá solucionarse
solo con recortes. El Gobierno debe plantearse ya una
reforma profunda y regeneradora que afecte a todos los
niveles y ámbitos de la administración y la gestión pública
sin excepciones.
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