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Dieciocho entidades sociales de todo el país han puesto en
marcha www.salvemoslahospitalidad.org, una iniciativa que
centralizará las acciones “que rechazan la persecución penal
de la ayuda humanitaria y solidaria a las personas en
situación administrativa irregular”. Según denuncian, esto
se produciría de llevarse a cabo la reforma legal prevista.
Dieciocho entidades sociales de todo el país han puesto en
marcha la iniciativa www.salvemoslahospitalidad.org, que
centralizará las acciones que rechazan la persecución penal
de la ayuda humanitaria y solidaria a las personas en
situación administrativa irregular, como afirman se incluye
en el borrador de reforma del Código Penal promovida por el
Gobierno. La asistencia humanitaria y la solidaridad “no se
pueden perseguir en ningún caso cuando son movidas por la
hospitalidad y el altruismo”, indican en un comunicado de
prensa.
En su concepción, el artículo 318 bis del Código Penal nació
“como garante de la protección de las personas afectadas por
ciertas actividades derivadas de los flujos migratorios,
como trata de seres humanos o tráfico de inmigrantes”. Sin
embargo, con la modificación de dicho artículo que pretende
llevar a cabo el Gobierno, según los promotores de esta
iniciativa, “actuar de forma humanitaria puede pasar a
convertirse en causa de perseguibilidad (o de no
perseguibilidad), en función del criterio del Ministerio
Público. “Se equipara así a aquellas personas que se lucran
explotando a colectivos en riesgo de exclusión o con el
tráfico de personas”, acciones que, censuran “rotundamente”,
con aquellos que llevan a cabo “actos de solidaridad con las
personas en situación administrativa irregular”. La
consecuencia es grave, advierten, pues “si el Fiscal decide
acusar, aún concurriendo móviles altruistas en la acción
solidaria, será muy difícil obtener una resolución judicial
favorable a quien ha practicado la solidaridad”. El borrador
del Código Penal “es claro y deja en manos del Ministerio
Fiscal acusar o no”, insisten.
Por estos motivos, las asociaciones que lanzan esta campaña,
entre ellas Andalucía Acoge, Pro Derechos Humanos de
Andalucía, CEAR o SOS Racismo, buscan la “rectificación” de
la reforma prevista del Código Penal.
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INMIGRACIÓN
