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El portavoz del Gobierno de la Ciudad, Guillermo Martínez,
aseguró ayer desconocer “cuándo se pondrá en marcha” el
periodo de licitación del contrato de externalización de
derribos de viviendas ilegales. El presupuesto, de 500.000
euros, fue anunciado por la consejera de Fomento, Susana
Román, el pasado 8 de enero.
El también consejero de Hacienda, Economía y Recursos
Humanos consideró que tanto los técnicos de Fomento como de
la Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo (GIUCE), “están
elaborando el pliego”. En cuanto esté redactado, prosiguió
Martínez, “me comprometo a agilizar el servicio cuando esté
en Contratación”.
Empresarios ceutíes
La máxima responsable de Fomento explicaba en enero a EL
PUEBLO que hasta que no se produjera la adjudicación de este
contrato, no se producirían derribos de “grandes obras”. La
idea de Román es encontrar “alguna forma de convenio de
manera que los empresarios ceutíes pudieran ser
adjudicatarios del contrato y distribuyeran entre ellos de
la mejor manera posible los derribos”. Y es que, según
Román, “los empresarios son los que mejor conocen qué
empresa es la más adecuada para según qué derribo, es decir,
cuál es la que puede realizar demoliciones más pequeñas y
cuál las de mayor calado”. Desde la Ciudad quieren que el
“dinero llegue de la mejor manera posible” y se reparta
entre las diferentes empresas ceutíes.
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