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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, propuso
en el último Consejo de Ministros, una serie de
modificaciones para reformar la Ley de Tasas Judiciales. Por
su parte, la secretaria general de Justicia de Ceuta, Josefa
Vilar, asegura que las tasas son necesarias, pero que la
rectificación ha sido muy acertada.
La secretaria general de Justicia en Ceuta, Josefa Vilar,
valora muy positivamente los cambios que el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha introducido en la ley
de Tasas Judiciales.
Uno de los puntos que la primera ley dejaba a la libre
interpretación de los secretarios era la del régimen
aplicable a los procesos de familia. Ya el día 6 de este
mismo mes, los secretarios judiciales de Ceuta se reunieron
para establecer criterios únicos. Por ejemplo, quedaron
exentos de pagar tasas los divorcios y separaciones de mutuo
acuerdo. La reforma de la Ley de Tasas concluye lo mismo que
los secretarios judiciales de Ceuta y este tipo de
procedimientos no deberá pagar tasas.
La nueva norma también abarca las ejecuciones hipotecarias y
se recoge que cuando se trate de vivienda habitual y que se
actúe contra los avalistas, estos queden fuera del régimen
general previsto para la integración de las tasas en las
costas a cargo del ejecutado. Por su parte, Vilar aseguró
que esta medida ha sido “muy acertada”, sobre todo por la
situación actual de crisis.
Asimismo, la secretaria afirmó que “las tasas deben existir”
sobre todo para reducir la litigiosidad, y más en un sitio
como Ceuta donde hay menos jueces por ciudadano que en otras
circunscripciones. En cuanto a las otras novedades de la Ley
de Tasas Judiciales también contempla los recursos de lo
Contencioso-Administrativo que tengan por objeto impugnar
resoluciones sancionadoras pecuniarias, en estas el importe
de la tasa no podrá exceder del 50 por ciento del importe de
la multa. Asimismo, los procedimientos abiertos por
incumplimientos de laudos dictados por las Juntas Arbitrales
de Consumo, también quedarán fuera del cobro de tasas.
En cuanto al límite máximo de pago por la cuota variable
estaba fijada en 10.000 euros ahora desciende a 2.000 eruos.
La rebaja será de aplicación tantao en primera como en
segunda instancia y se extenderá también al orden Social,
donde la primera instancia para trabajadores y autónomos ya
era gratuita.
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