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Reivindicar la necesidad de asumir la construcción de una
sociedad en la que se reconozcan y garanticen las
condiciones de igualdad y vida digna para las mujeres
extranjeras debe ser uno de los objetivos fundamentales del
8 de marzo
La mujer extranjera sufre una triple discriminación:
Discriminación como MUJER, como TRABAJADORA y como
INMIGRANTE .De cara a estas discriminaciones, deberían
hacerse cargo la ciudadanía, los poderes públicos de ámbito
local y nacional y las administraciones que trabajan a favor
de la mujer.
Las condiciones del mercado laboral actual, los sectores
económicos en los que se registran los niveles más altos de
ilegalidad son los mismos en los que se ha concentrado la
demanda de trabajo de extranjeros y, no por casualidad, los
que registran mayores niveles de precariedad. De estos, las
mujeres inmigradas y fronterizas, en el caso de nuestra
ciudad, han sido reclutadas mayoritariamente en ramas
caracterizadas por sus condiciones de inestabilidad y
desamparo jurídico, como el trabajo doméstico y de cuidado,
la hostelería y la prostitución.
En general, las mujeres extranjeras trabajadoras,
contribuyen más de lo que perciben, y su colaboración en el
mercado laboral y en el crecimiento económico no conlleva
una contrapartida adecuada en el reconocimiento y ejercicio
de sus derechos.
Trabajos domésticos
El trabajo doméstico que realiza la mujer fronteriza en
nuestra ciudad es un trabajo degradado y precario, con
horarios que llegan desde las ocho horas hasta las 24 horas
en los casos de trabajadoras internas. El salario de estas
trabajadoras va desde los 150 euros al mes hasta los 300
euros en la mayoría de los casos. No están aseguradas y por
lo tanto no tienen derecho ni a la asistencia sanitaria ni a
la educativa.
Además, los trabajos domésticos de cuidado de personas
ancianas o discapacitadas constituyen un nicho laboral para
estas mujeres y no les permite, ni siquiera ,el descanso del
fin de semana completo.
Este trabajo tiene el agravante de que su demanda responde a
la marcada deficiencia de servicios públicos que deberían
ser asumidos y prestados eficientemente por el Estado.
La llamada industria del sexo
Las mujeres que ejercen la industria del sexo son en su
mayoría mujeres extranjeras y su ejercicio está sujeto a
relaciones de explotación y abren espacios de impunidad a
los traficantes de personas y al trabajo sexual forzado.
Dado que los derechos de las personas migradas y los
derechos de quienes ejercen la prostitución son derechos
humanos, urge la elaboración de una política de lucha contra
el tráfico de seres humanos para su explotación sexual, que
en lugar de fundamentarse en la aplicación de sanciones y la
práctica de expulsiones respecto de las personas traficadas,
supongan el reconocimiento de sus derechos laborales,
sociales, judiciales y la prestación de ayudas específicas.
-El trabajo sexual voluntario requiere el reconocimiento de
los mismos derechos que todo tipo de trabajo, sin que puedan
mediar distinciones por nacionalidad u origen, por lo que se
exige que quienes lo ejercen tengan acceso a la seguridad
social y a la sanidad pública, a la consecución de
condiciones laborales iguales a las de cualquier trabajador,
al establecimiento de un salario mínimo y a la prestación de
unos servicios cubiertos por el sistema de protección social
general.
Violencia doméstica
La Mujer extranjera es especialmente vulnerable en
situaciones de maltrato familiar. Las circunstancias de
hacinamiento, acoso económico y marginalidad, en que vive un
alto porcentaje de estas mujeres, extreman las condiciones
de intolerancia y violencia doméstica. Muchas de ellas
tienen miedo a denunciar porque carecen de la documentación
necesaria de regularización de su situación administrativa.
Esta principal carencia se añade las dificultades
materiales, lingüísticas y administrativas que disuaden a la
víctima de denunciar o solicitar garantías. Esta situación
se agrava aún más en los casos en que la mujer extranjera,
fronteriza en Ceuta, esté conviviendo con un español y tenga
hijos, ya que su situación de vulnerabilidad y riesgo se
acentúa al ser su pareja la que controla los recursos
económicos de los cuales ella depende exclusivamente.
Ante esta situación, es urgente, adoptar nuevas normas y
prácticas públicas que observen de manera no uniforme los
casos de maltrato y protejan a la mujer extranjera víctima
de este tipo de violencia de acuerdo con sus especiales
circunstancias de vulnerabilidad y riesgo.
La indiferencia y dejadez ante la desigualdad y la exclusión
de las más débiles nos condenará a todos a vivir en una
sociedad injusta .
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OPINIÓN
/
COMUNICADO
