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Tras manejar un buen puñado de borradores, el Consejo de
Ministros aprobaba el pasado día 15 de febrero el informe
del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad
de la Administración local, que pone en sus manos
importantes herramientas para vaciar de competencias a los
Ayuntamientos que no cumplan a rajatabla con las medidas de
austeridad en favor de las Diputaciones, después de un
periodo de estudio de este anteproyecto de ley, CSI-F se ha
mostrado contrario al mismo al considerar que esta ley
“ahogará más si cabe a los ayuntamientos, destruirá empleo,
empeorará la calidad de los servicios y terminará con el
Sector Público”.
El pasado día 5, los miembros del Comité Ejecutivo del
Sector Nacional de Administración Local, debatieron sobre
los aspectos más relevantes que contempla la reforma de la
administración local aprobada en el consejo de ministros el
pasado 15 de febrero.
El presidente de CSI-F en la Administración Local, Antonio
Noguera, manifestaba ayer a EL PUEBLO que desde su central
sindical se entiende que “la nueva Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, incumple el
enunciado de la misma, ya que no va a racionalizar, sino que
ahogará aún más si cabe, a los Ayuntamientos”.
Tras la reunión de la Ejecutiva Nacional de Administración
Local, el Sector entiende que la Ley, “desnaturaliza el
papel de los Ayuntamientos y va a suponer un retroceso
democrático”, de ahí que Noguera asegurara que “el temor más
extendido no sólo tras la lectura del texto publicado, sino
después de escuchar algunas voces muy cualificadas es que su
finalidad, es la privatización de los servicios
municipales”.
El presidente de CSI-F en la Administración Local asegura
que la ley “legisla en contra de los municipios y da un
papel preferente a las Diputaciones, lo que podría poner en
peligro servicios esenciales que ahora reciben los
ciudadanos. En cinco años los ayuntamientos dejaran de
prestar servicios llamados impropios, que todavía gestionan,
para dejarlos en manos de las Diputaciones y de las
Comunidades Autónomas. Sorprende que entidades como las
Diputaciones, que no cuentan con infraestructura, se puedan
hacer cargo de estos servicios. Y ahí es donde entra el
temor de las privatizaciones. Del reparto “legal” del
Estado”.
Por tal motivo, Noguera aboga porque en lugar de limitar,
“se refuercen las competencias de los ayuntamientos,
teniendo en cuenta que es la administración más cercana y a
la que en primer lugar acuden los ciudadanos”.
De ahí que desd CSI-F se solicite y así lo hará llegar a las
instancias que corresponda, que “se financie más y mejor y
se incrementen los controles necesarios”.
Para Noguera, “la reforma puede ser una bomba de relojería
para los ayuntamientos, según algunos cálculos ya
publicados: Mermará las competencias a más del 90 por ciento
de los ayuntamientos. La Ley que, de momento, no habla de
supresión de municipios, si les va a dejar como ya hemos
dicho, vacíos de contenido político si no cumplen con las
medidas de austeridad”.
Igualmente considera que “la reforma tal y como se ha
presentado, destruirá empleo y reiteramos empeorará la
calidad de la asistencia a los ciudadanos”.
Durante la entrevista concedida a EL PUEBLO, Noguera asegura
que esta ley abre muchas dudas con respecto a los
ayuntamientos medianos y pequeños. Y por lo que respecta a
la reducción del número de concejales con dedicación
exclusiva, plantea muchos interrogantes. “El problema no es
tanto lo que cobran, que debe y tiene que estar regulado y
fiscalizado, sino todo aquello que aún hoy resulta opaco en
las administraciones locales. Es muy positivo y regenera la
transparencia política, que se fijen los sueldos máximos
para los alcaldes en función del municipio. Ya era hora”,
insistía Noguera, quien también advierte que “en ciertas
autonomías no se tiene en cuenta las peculiaridades de las
mismas, lo que sin duda traerá más problemas que
beneficios”.
Por tal motivo, desde CSI-F se ha pedido al Gobierno que “se
aproveche el trámite parlamentario para entrar en el fondo
de la cuestión municipal, sin ambiciones partidistas, y más
allá de lo puramente económico, con visión de futuro y de
Estado, que se dignifique al empleado público, tan denostado
por intereses muy particulares, porque si no, habrán perdido
de nuevo una ocasión de oro”.
Finalmente, Noguera aseguró que CSI-F defenderá “que
cualquier reforma que se lleve a cabo debe garantizar el
mantenimiento de los puestos de trabajo, los servicios que
estos empleados públicos prestan a los ciudadanos y que
éstos sean de calidad” y que por ello se pedirá al Gobierno
que convoque a los sindicatos mayoritarios en Administración
Local.
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