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El gabinete jurídico de CSI-F inició la pasada semana la
preparación de toda la documentación necesaria para demandar
a la Ciudad a través del Juzgado de lo Social y denunciarla
a la Inspección de Trabajo por un posible fraude de ley, ya
que considera que el Ejecutivo de Vivas ha hecho caso omiso
a la advertencia realizada desde la Inspección de Trabajo
por la que se le instaba a no encomendar al personal de las
empresas municipales trabajos que deben ser acometidos por
funcionarios o personal laboral de la Ciudad.
CSI-F adelantó ayer a EL PUEBLO que su gabinete jurídico ha
comenzado a trabajar en una nueva demanda contra la Ciudad
Autónoma de Ceuta después de que el Ejecutivo haya hecho
“oidos sordos” a la llamada de atención que desde la
Inspección de Trabajo hace varias semanas.
A este respecto, el presidente de CSI-F en la Administración
Local, Antonio Noguera, daba a conocer a este medio que “la
Inspección de Trabajo advirtió hace varias semanas al
Gobierno local que estaba introduciendo a personal de las
empresas municipales, plan de empleo y de colaboración
social a prestar servicios que eran propios de la
Administración y que por consiguiente deberían ser
acometidos por funcionarios o personal laboral de la Ciudad
Autónoma”.
Noguera manifestaba a este diario que la Ciudad, lejos de
atender a ese toque de atención, el Ejecutivo del presidente
Vivas ha considerado que “se trata de una recomendación” y
ha continuado moviendo a dicho personal por numerosos
departamentos de la Administración.
Por tal motivo, el presidente de CSI-F en la Administración
local consideraba que con esta actitud, el Gobierno local
“se salta a la torera una obligación, y actualmente podría
estar incurriendo en un fraude de ley y podría estar
generando un falso derecho a ese personal para que
permaneciera y fuese de la Ciudad, algo que desde CSI-F no
consideramos justo ni para este personal ni para el resto
del personal que trabaja en el Ayuntamiento”.
Ante esta situación, Noguera recriminó al Gobierno que “no
haya tomado medidas y no esté llevando a cabo lo que la
Inspección de Trabajo en su momento le dijo, que era sacar a
este personal de estos servicios y destinarlos a los
servicios para los que están contratados”.
CSI-F ha podido constatar que “la Ciudad incumple con lo
manifestado desde la Inspección de Trabajo en el área de
Empleo, donde existe personal de Procesa gestionando
competencias que son directamente de la Ciudad como los
planes de empleo o talleres de empleo, o también en el caso
de Estadística donde hay un trabajador de Amgevicesa que
está atendiendo al público”.
Noguera aseguraba que desde su sindicato se le ha venido
advirtiendo a la Administración de esta situación y sin
embargo “no se toman medida para que esto no ocurra”.
Por tal motivo, desde la central sindical, tal y como así lo
manifestaba ayer el presidente de CSI-F en la Administración
Local, se ha puesto el caso en manos del gabinete jurídico
el cual está trabajando en dos aspectos: en una demanda que
se presentará a través del juzgado de lo social y también en
formulación de una denuncia formal ante la Inspección de
Trabajo.
A este respecto, Noguera también quiso advertir que “desde
CSI-F en ningún momento queremos que se destruya empleo, ni
perjudicar a nadie, pero por un lado no vamos a permitir que
se genere un falso derecho a este personal ni tampoco vamos
a generar un perjuicio al personal de la Ciudad”, al mismo
tiempo insistía que “si la Ciudad considera que necesita
personal para prestar este servicio, que lo cubra conforme a
la ley y que lo haga mediante una oferta de empleo público o
mediante un concurso de traslado dentro de la
Administración”.
Por último, Noguera consideraba que si él fuera trabajador
de una sociedad municipal, “quería que a mi me tuviesen
prestando el servicio de mi empresa y no me gustaría que me
tuviesen cedido de forma ilegal o alegal a una
administración pública donde estaría poniendo en juego el
poder estar usurpando funciones o el poder estar ejerciendo
competencias que no me corresponden, algo que supondría
también un peligro para mi como trabajador”.
CSI-F también alertó sobre este asunto que la Ciudad está
actualmente barajando la posibilidad de eliminar el servicio
de vigilancia que tiene en el Tanatorio e introducir para
esta función a personal de Amgevicesa.
Para dar a conocer del peligro real que corren estos
trabajadores al estar la Ciudad cometiendo un presunto
fraude de ley es que “el juez si considera que existe un
fraude de ley podría dictaminar finalmente dos alternativas:
o echa a los trabajadores que estén en esta situación o bien
los absorve y los contrata de manera indefinida pero no
fijo, pero tal y como está la situación económica de la
Ciudad, mucho nos tememos que esta última opción ni se la
plantearía el Ejecutivo”.
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