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					La gasolinera del Tarajal ha echado finalmente el cierre 
					tras más de seis años de lucha tanto en los tribunales como 
					en negociaciones con la Ciudad, que no han dado frutos. La 
					Justicia ha rechazado los argumentos de “interés público” de 
					este surtidor por su ubicación junto a la frontera y han 
					prevalecido los preceptos de la Ley de Costas. Por su parte, 
					desde la administración local se argumenta que para darle 
					una nueva ubicación había que esperar a la aprobación del 
					PGOU.
 La gasolinera del Tarajal echó ayer el cierre por falta de 
					alternativas de reubicación, y con ella se han destruido una 
					pequeña empresa y cinco puestos de trabajo. Este surtidor 
					empleaba, además de al autónomo que la dirigía, Juan Antonio 
					Llano, a otras cuatro personas, aunque según su gerente han 
					llegado a ser nueve.
 
 ‘Agrupación Norte’, que así se llamaba la empresa, ha pasado 
					por tanto a engrosar la lista de pérdidas del tejido 
					empresarial ceutí, muy a su pesar porque su intención no era 
					cerrar, “sino todo lo contrario”, afirma Llano, quien 
					asegura que se trata de “gente emprendedora que lo que 
					quería era generar empleo”. Llano destaca el esfuerzo 
					realizado en los últimos años para mantener su actividad, a 
					pesar de la crisis económica y de la fuerte competencia de 
					las gasolineras marroquíes.
 
 El problema al que se ha enfrentado esta pyme ceutí tiene 
					que ver con la ley de costas: “Nos vimos atrapados en la 
					horquilla entre la anterior y la actual”, señala el gerente. 
					No obstante, Llano no se rindió y ha pleiteado hasta llegar 
					a las máximas instancias posibles, tanto a la Audiencia 
					Nacional como al Tribunal Supremo, en la idea de que una 
					gasolinera en esta zona de la ciudad, junto a la frontera y 
					en una carretera nacional, era “de interés público”. 
					Finalmente, la Justicia ha rechazado los argumentos de 
					‘Agrupación Norte’ y ya no ha quedado más remedio que 
					ejecutar su desmantelamiento de las instalaciones.
 
 Mientras la Justicia se pronunciaba, el empresario no ha 
					dejado de intentar, por otra parte, durante “casi seis años” 
					que la Ciudad Autónoma le proporcionara una ubicación 
					alternativa. “Tampoco pedíamos que nos regalaran nada, 
					porque el terreno era de nuestra propiedad, pero no ha 
					habido forma”, lamenta Llano. Respecto a los argumentos de 
					la Ciudad, el gerente de la empresa afirma que le decían que 
					para hacer viable una nueva ubicación tenía que esperar “a 
					la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación urbana (PGOU)”.
 
 Modificaciones puntuales
 
 Hace algo más de dos años, en concreto, en julio de 2010, y 
					tal como publicó entonces EL PUEBLO, se llegó incluso a 
					comenzar los trabajos para allanar un terreno en la zona 
					baja de Loma Colmenar -cerca también de la N-352 y del 
					Tarajal- para el traslado de la gasolinera, algo que 
					finalmente no se llevó a cabo. Esto a pesar de que, con el 
					fin de facilitar la instalación de empresas, tal como se ha 
					reiterado por parte del Gobierno local, tanto en esa misma 
					zona de Loma Colmenar como en el Brull, se ha llevado a 
					Pleno por parte del Ejecutivo y aprobado por la Asamblea una 
					modificación puntal del PGOU precisamente para no tener que 
					esperar a la renovación del Plan, que se encuentra en 
					proceso de actualización desde el año 2005.
 
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