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La Unión Europea obliga a las
Administraciones a pagar en treinta días a los proveedores.
Una disposición que ya el Gobierno de la nación situó desde
un período anterior: el 1 de enero de 2013. Pese a ello,
Ceuta no cumple. Y nuestro Gobierno no lo hace aunque dice
poner voluntad para situarse en los márgenes de pago
establecidos por la UE. Claro que, con la intención (aunque
sea buena) no basta porque la buena voluntad en estos casos,
puede llevar al cierre a muchas Pymes para las que tanto se
trabaja.
Las excusas tampoco son de recibo en este asunto, ya que
aludir a que se requieren cinco firmas o, como en otros
casos sucedió, atribuir al Interventor la responsabilidad de
los “atascos”, quiere decir que algo no funciona, que tan
cumplidores como se presume en otros casos, aquí somos la
excepción de la regla y nos significamos como incapaces de
aplicar una directiva comunitaria que trata de evitar la
morosidad que acabe con pequeñas y medianas empresas al
llevarlas al cierre.
Si en el Plan de Ajuste y Sostenibiloidad el Gobierno local
ha blasonado de lo bien que lo ha hecho, en este caso, no se
puede amparar únicamente en el buen deseo o en el
voluntarismo que, cuando se trata de normas tan serias, no
pueden quedar al albedrío del “quiero pero no puedo”. En
estos casos, no sólo hay que querer sino establecer los
mecanismos adecuados para poder, “sí o sí”. No se trata de
una anécdota ni de un capricho europeo; estamos hablando, ni
más ni menos que de la supervivencia de las Pymes, de
estrangular a las pequeñas empresas por la morosidad de
ayuntamientos poco diligentes y responsables que dejan las
facturas en cajones o sin tramitar. No valen excusas para
incumplimientos de esta naturaleza y para los que habría de
arbitrarse una figura sancionadora de responsabilidad civil
o penal para los culpables, al nivel de las consecuencias
negativas que acarrean su irresponsabilidades.
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OPINIÓN / EDITORIAL
