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La Ciudad Autónoma niega toda responsabilidad, e incluso
la existencia de las demandas judiciales presentadas por un
ciudadano al que a consecuencia de una obra ilegal de sus
vecinas acabaron tirándole su casa, ubicada en el Recinto
Sur. Jesús Sánchez Baglietto denunció por primera vez el
caso ante la Consejería de Fomento en 2005, y aunque se
reconoció que la causa de las grietas en su vivienda era el
recrecimiento ilegal de la casa contigua, al final la que
acabó derribándose de oficio fue la suya y las de otros
vecinos afectados. El caso se encuentra ahora en apelación
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La Ciudad ha optado por negar la evidencia en el caso de un
vecino del Recinto perjudicado por una obra ilegal. El
calvario de este ciudadano, Jesús Sánchez Baglietto, comenzó
en el año 2005, cuando presentó sus primeras denuncias ante
la Consejería de Fomento y la Policía tras aparecer en su
vivienda unas grietas que, tal como confirmarían después los
técnicos de la administración, eran consecuencia de una obra
ilegal realizada por unas vecinas. Pero lejos de atender sus
denuncias, que le llevaron a interponer una demanda
judicial, la Ciudad acabó decretando la ruina de su casa,
que demolió de oficio; además, y tal como relató a este
diario el pasado 18 de febrero, le reclama los 4.000 euros
que costó el derribo.
Preguntada sobre este caso, la subdirectora general de
Fomento, Carolina Pérez, negó la existencia de las múltiples
denuncias presentadas por Sánchez Baglietto, y aseguró que
su vivienda “se declaró en ruina, se le dieron todos los
plazos y como ni alegó que le causaran daños ni nada, cuando
llegó la sentencia, se demolió”.
“Si le causó daño un tercero no fue el ayuntamiento, pero se
le dieron los plazos legales establecidos para que se
personara y alegara y dijera, y no consta nada”, reiteró.
Pérez afirmó que “en todo caso sería un tercero al que
tendría que haber denunciado, ante la Ciudad y en el
Juzgado, y eso este señor no lo hizo”. “Ahora bien, si
quiere denunciar al ayuntamiento..., el ayuntamiento no hizo
esa casa”, agregó la subdirectora de Fomento, quien repitió
que en la Ciudad “no consta nada” y que “en todo caso
debería haber denunciado en Obras Públicas y también en el
Juzgado”, porque la Ciudad “no ha construido eso”. “El
ayuntamiento ve una casa que tiene grietas y que está en
ruinas, se le da los plazos, que además son larguísimos
hasta que se llega a la demolición”, apuntó, para agregar
que al que le había causado daño en sus bienes “ni se le
denunció ni nada, o al menos en el expediente no consta
nada”.
En la misma línea, la responsable de la Subdirección de
Fomento reiteró que “lo que habrá dicho este señor es que a
él le tiró la casa el ayuntamiento cuando el culpable es el
de al lado y no se le hizo nada”, pero repitió que “tenía
que haber presentado denuncia y una valoración técnica y
denunciar al señor ese que dice que tuvo la culpa”.
Según la documentación facilitada por los abogados que
representan a Sánchez Baglietto, a la primera de las
denuncias que presentó ante el ayuntamiento, el 11 de agosto
de 2005, se le respondió diciendo que la Ciudad no tenía
competencia por tratarse de “daños a terceros”. Como estos
daños se agravaban, solicitó una inspección. Aunque
volvieron a decirle que la Ciudad no era competente, esta
vez el arquitecto técnico municipal informó de la apertura
de un expediente de disciplina urbanística a los causantes
del daño en su vivienda, los vecinos, por realizar “obras
sin licencia consistentes en la ampliación en una planta más
castillete”. Esto fue el 16 de marzo de 2006, pero las
medidas y la ejecución de la demolición por Fomento llegaron
finalmente más rápido en el caso del vecino perjudicado que
en el del infractor.
Sánchez Baglietto llegó incluso a contratar, por cuenta
propia, un perito que tasó los daños en su vivienda en 5.950
euros, en un informe en el que en ningún momento se le
advirtió de la ruina del inmueble ni de la “previsión” de
que pudiera producirse.
La demanda judicial contra las vecinas -que como señalaba el
afectado se lucraron con la venta de la casa en parte ilegal
y ya no viven en Ceuta- se formuló el 4 de julio de 2006. A
pesar de los recursos de las demandadas, la Justicia
reconoció al perjudicado su derecho a una indemnización por
los daños causados en su casa.
Pero entre tanto, las grietas y el hundimiento de la
vivienda de Sánchez Baglietto y de “toda la hilera
colindante” se agravaron. El 5 de noviembre de 2008 pidió de
nuevo una inspección a la Consejería de Fomento, cuyos
técnicos decretaron la ruina inminente de su vivienda y
constataron el “hundimiento del acerado y de la solería” en
el linde con la casa ilegal, “de lo que se deduce que se ha
podido producir un descenso en el plano de cimentación del
edificio debido al aumento de cargas que se ha producido en
el terreno una vez ejecutada la edificación”. Junto a la
suya también fueron declaradas en ruina otras tres
viviendas, de modo que la única que quedó en pie fue la
causante del daño, tal como señalan en la demanda.
La abogada de Sánchez Baglietto, Caridad Casadevante,
ironizaba respecto a la respuesta dada por la Ciudad
Autónoma a este diario: “A mi no me gusta decir que mienten,
quizá es que se han perdido los papeles”.
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El caso, recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía
A las respuestas negativas de la
Ciudad -denunciada también por el afectado ante la Justicia
por no ejercer sus competencias-, la víctima de esta
situación suma una sentencia en su contra del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº2 del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA). Con un razonamiento “similar”
al que utilizó el letrado de la Ciudad Autónoma, el juez
acusa al denunciante de que desde el informe pericial de
2006 no consta actuación alguna por su parte “tendente a
reparar o al menos estabilizar” las patologías apreciadas en
su vivienda. Según el juez es por tanto, su “conducta
omisiva” la causa de la ruina del inmueble. Esto a pesar de
que Sánchez Baglietto denunció la situación desde que
aparecieron las primeras grietas y de que el informe de
2006, alega, “no exigía la reparación urgente de los daños”
ni alertaba de la posible ruina. El demandante presentó, en
septiembre de 2012 un recurso de apelación ante el TSJ.
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