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Aún quedan algunas cuestiones por
esclarecer en el denominado caso Ponferrada. En mi primer
artículo puse de manifiesto la incongruencia de una
formación política que criticó la conducta del Partido
Popular tras conocerse las acusaciones a las que debía
enfrentarse el ex alcalde popular de Ponferrada, Ismael
Álvarez. Un personaje que finalmente ha visto cumplidas sus
pretensiones de venganza, gracias al pacto firmado con el
grupo socialista ponferradino, de arrebatar la alcaldía a
quien le expulsara de la política activa para entregársela a
quien le ha prestado su apoyo incondicional.
Somos conscientes que el ex alcalde de Ponferrada fue
condenado en 2002 por acosar sexualmente a su compañera de
grupo parlamentario y ex pareja, Nevenka Fernández. Como
consecuencia, fue expulsado automáticamente del Partido
Popular y tras varios años alejados de la política activa,
regresó nuevamente como cabeza de lista de una formación
localista en 2011. Un regresó propiciado por la ausencia
total de trabas legales que impidieran al regidor acceder
nuevamente a la política activa. Purgar su pena tan solo le
costó una multa de 2.160€ y una indemnización de 12.000€
pese a los intentos de la defensa puesto que, ningún
tribunal lo inhabilitó para ejercer cargo público.
Los ciudadanos hemos expresado a través de las redes
sociales nuestra indignación primero, con un sistema
judicial que le permitió continuar en política y por
supuesto, por una decisión asumida por la dirección
socialista que jamás tuvo que producirse. Pocos, muy pocos
entendemos la decisión de pactar con el ex edil condenado
adoptada desde la agrupación socialista leonesa, pero aún
menos entendemos el apoyo ofrecido desde la secretaría de
organización de Ferraz, competente en estas cuestiones. En
definitiva, las vagas explicaciones ofrecidas al respecto
por los máximos dirigentes socialistas acrecientan las dudas
en esta formación tanto de la propia militancia socialista,
como de la ciudadanía en general.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
