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El Grupo coalición Caballas logró sacar adelante ayer,
durante la celebración de la sesión ordinaria del Pleno de
la Asamblea, su propuesta para modificar la gestión de los
Planes de Empleo para este año. Caballas votó a favor de una
transaccional presentada por el Grupo Popular con el
propósito de que, entre otros asuntos, los beneficiarios “no
puedan desempeñar funciones asignadas a funcionarios de
carrera”.
El Grupo coalición Caballas logró sacar adelante ayer,
durante la celebración de la sesión ordinaria del Pleno de
la Asamblea, su propuesta para modificar la gestión de los
Planes de Empleo para este año. La iniciativa fue aprobada
con la presentación de una transaccional por parte de la
consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo, Yolanda Bel,
que el Grupo Socialista votó en contra. El portavoz del
PSOE, José Antonio Carracao, criticó en los últimos
coletazos del debate de ese punto que la propuesta
presentada por el Ejecutivo local había sido “in voce” y que
los grupos de la oposición no tuvieron tiempo de analizarla
con detenimiento.
El portavoz de Caballas, Mohamed Alí, recordó la importancia
de abordar el asunto del desempleo, que se ha convertido en
un “mal endémico de la sociedad ceutí”. Y es que, según Alí,
“la gestión de los Planes que se ha llevado hasta ahora ha
sido deficiente”. De ahí que la bancada de la oposición con
mayor representación en la Asamblea afirmara que existen
“disfunciones denunciadas por la Inspección de Trabajo”
junto a una “mala información de la Ciudad” a la hora de la
selección de beneficiarios. La propuesta de Caballas era
“ajustar mejor la finalidad” de los Planes puesto que en
algunas ocasiones “se han cubierto puestos que pertenecen a
funcionarios de carrera”.
Por su parte, Yolanda Bel aseguró que las “actividades
prioritarias” se iban a ampliar “aún más” y se llevarían a
cabo “ciertos matices para compatibilizar el trabajo y la
formación”. Lo que propuso Bel es que se no se puedan
“desempeñar funciones asignadas a funcionarios de carrera”,
además de que algunos de los beneficiarios del Plan de
empleo continúen en el área educativa a lo largo del curso
escolar. Además, los colectivos “preferentes” serán los
jóvenes “con o sin formación” y la “antigüedad en el paro no
debería ser un elemento decisivo determinante en la
selección de los beneficiarios”.
En cuanto a los niveles retributivos, “se fijarán procurando
evitar que los Planes desincentiven o incluso disuadan
cualquier otra opción de inserción en el mercado laboral”.
Los beneficiarios “deberán compatibilizar trabajo y
formación y sin que implique aumento en la retribución”. Los
elegidos para el Plan “serán seleccionados entre las
personas inscritas como desempleadas en el SEPE y teniendo
en cuenta la actitud positiva del demandante a su inserción
laboral”.
Vivas interviene
Por su parte, Alí consideró que la transaccional coincidía
con la esencia de la propuesta presentada por su Grupo.
El presidente de la Asamblea, Juan Vivas, respondió a
Carracao y cuestionó al líder socialista si conocía lo que
significaba la palabra “determinante”, en relación a los
criterios de elección de los beneficiarios del Plan de
Empleo.
Incluso Alí instó a Carracao a que “reconsiderara” su
posición ya que “es importante que se tomen en cuenta estas
medidas para llevarlas a cabo”. El de coalición Caballas
puso como ejemplo de nuevo que se haya dado empleo a “la
mujer de un capitán que llevaba cuatro años sin trabajo y no
a un padre de familia que se haya quedado en el paro y que
trabajaba en el sector de la construcción”. Sin embargo, el
portavoz socialista afirmó que no se encontraba dentro de la
legalidad. “Sorprende la posición del Gobierno”, sentenció
el líder de los socialistas.
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“Hay que determinar qué alcaldes de España han incumplido la
Ley”
La propuesta para “rechazar el
anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenimiento
de la Administración Local” del Grupo coalición Caballas no
sentó bien en la bancada del Grupo Popular. El consejero de
Hacienda, Economía y Recursos Humanos, Guillermo Martínez,
criticó la postura del diputado Juan Luis Aróstegui porque
“el gran objetivo de la reforma es que se presten los
servicios por una sola Administración”. “Existen
disfuncionalidades y dualidades”, comentó Martínez, que
defendió los “cinco objetivos de la reforma”. Sin embargo,
Aróstegui aseguró que el Gobierno del Partido Popular “está
destruyendo de una manera inmisericorde los derechos; el
Gobierno pretende restar competencias a los Ayuntamientos”.
“Hay que determinar qué alcaldes de España han incumplido la
Ley y que vayan al a cárcel”. El diputado recordó también
los “80 millones de facturas sin consignar en la ciudad”.
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sesión ordinaria del pleno de la
asamblea
