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Los funcionarios del Registro Civil de Ceuta paralizaron
ayer su actividad durante media hora para manifestarse
contra la “privatización” que tiene pensada llevar a cabo el
Ejecutivo al traspasar el servicio a los registradores de la
propiedad. La manifestación se llevó a cabo en los registros
de todo el país en señal de protesta por una medida que
afectará al trabajo de más de 3.500 funcionarios que no
saben qué pasará con sus puestos. En Ceuta, el registro
cuenta con ocho funcionarios.
Los trabajadores del Registro Civil se manifestaron ayer
entre las 11.30 y las 12.00 horas en la puerta de los
juzgados para protestar contra el proyecto que tiene el
Gobierno para traspasar este servicio a los registradores de
la propiedad. El responsable del Registro Civil de Ceuta,
Jacinto León, explicaba ayer que esta “privatización” va a
suponer que el ciudadano tenga que asumir el coste que hasta
ahora tenía para el Estado la gestión de todos los actos
relacionados con el estado civil de las personas y que según
fuentes del Ministerio de Justicia ascendería a 450 millones
de euros. León aseguraba que los registradores no van a
asumir este coste “por una finalidad social”, aunque aún se
desconoce cuáles serán las tasas que tenga que abonar el
ciudadano.
De momento, el borrador de anteproyecto de ley establece que
los actos obligatorios, como inscribir un nacimiento o una
defunción, seguirán siendo gratuitos, y que los actos
voluntarios correrán a cargo del ciudadano, como es el caso
del matrimonio, el cambio de nombre o la nacionalidad. Para
estos casos, León señala que se establecerán unas tarifas
que pueden provocar, entre otras consecuencias, que sigan
cayendo el número de matrimonios.
La situación en la que quedarán los funcionarios del
Registro Civil es otra de las incógnitas que plantea esta
reforma. “Somos funcionarios de carrera dependientes de la
Administración de Justicia e imagino que seguiremos
siéndolo, pero no sabemos si nos reorganizarán en otros
órganos”, comentaba León que señalaba cómo también está en
el aire la posibilidad de que estos trabajadores pasen a una
situación administrativa de “excedencia forzosa”.
El secretario de Justicia de CCOO, Miguel Almedina, señalaba
que el Secretario General de la Administración de Justicia,
Joaquín Silguero dijo durante su visita a Ceuta que
tratarían de reordenar a los funcionarios del registro en
los distintos órganos judiciales para que cuando haya un
concurso de traslado, estos tengan la prioridad de quedarse
con esa plaza. “Si no hay plaza, se crearía y se
consolidaría en plantilla, pero nosotros no nos fiamos”,
aseguraba.
Por otro lado, León señalaba que los registradores son altos
funcionarios expertos en una faceta del derecho, el
mercantil, mientras que el registro civil trata temas
relacionados con las personas físicas. “De momento, para las
funciones que desempeñan no se les exige un conocimiento
extenso del derecho civil”, apuntaba para añadir: “Deberán
actualizarse”.
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manifestacion
