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Desde enero a febrero de este año han ingresado un total
de 110 solicitudes para los servicios y prestaciones de la
Ley de Promoción de la autonomía personal y Atención a
personas en situación de dependencia, 57 en enero y 53 en
febrero. Incluye tanto nuevas solicitudes como revisiones
otras anteriores. Desde que se promulgó la ley se ha
producido un descenso de peticiones, el director territorial
del Imserso afirma que se debe a que cuando se promulgó la
ley se produjo un avalancha de solicitudes de personas que
estaban en situación de dependencia, pero que
progresivamente han ido disminuyendo.
“La conocida Ley de Dependencia es algo más. Es Ley de
Promoción de la autonomía personal y Atención a personas en
situación de dependencia”, asegura el coordinador de la
Unidad de Dependencia del Instituto de Mayorers y Servicios
Social (Imserso), Fernando Jimeno Jiménez.
Desde enero a febrero de este año han ingresado un total de
110 solicitudes para los servicios y prestaciones, 57 en
enero y 53 en febrero. Incluye tanto nuevas solicitudes como
revisiones otras ya concedidas. En 2007 se solicitaron 470;
en 2008, 537; en 2009, 419; en 2010, 504; en 2011, 496, y en
2012, 284.
El director territorial del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, Alfonso Grande, afirma que la disminución de
solicitudes se debe a que cuando se promulgó la ley se
produjo un avalancha de solicitudes de personas que estaban
en situación de dependencia, pero que progresivamente han
ido disminuyendo.
Por su parte, Jimeno asegura que la ley busca hacer tanto
hincapié en promover la autonomía como en resolver los
problemas que una persona tenga a causa de su dependencia.
Existen dos fases para la asignación de popularmente
conocida como Ley de Dependencia, que se aprobó en 2006 y
entró en vigor en 2007. En primer lugar la petición de la
valoración. Aquí, el punto primordial es la valoración que
un valorador hace en la propia casa del posible dependiente.
“En el domicilio es donde se supone que la persona suele
desenvolverse más tiempo en su vida diaria”, asegura Jimeno.
A continuación un equipo de valoración compuesto de un
psicólogo, un médico, una trabajadora social, un presidente
y un secretario realizan una valoración de 0 a 100 puntos
para asignarle al dependiente dentro del Grupo I, II, III o
‘Sin grado’.
Valoración
La segunda fase es, una vez valorado, y dependiendo de la
puntuación que se otorga y si es protegible o no. Se inicia
la segunda fase de asignar el programa correspondiente, que
constan tanto de prestaciones como servicios. En Ceuta hay
1.652 -datos correspondientes a final de 2012- personas
beneficiarias. Un total de 1.186 personas reciben la
prestación económica de cuidadores; 430, el servicio de
ayuda a domicilio; 29, de ingreso en plazas residenciales;
129, de teleasistencia; 733, se encuentran dentro del
convenio especial de la Seguridad Social, pero se trata de
algo residual, ya que está suprimido desde 2012; 17, se
benefician del Centro de Día, y 70 personas de la promoción
autónoma.
Grado de dependencia
Las resoluciones de reconocimiento de grado en vigor en
Ceuta a día 31 de diciembre de 2012 son 1.762. Jimeno
asegura que para ser optar a la protección hay que estar
dentro del Grado III o II, el primero con una puntuación
superior al 75 puntos y el II, entre 50 y 74 puntos. El
Grado I será protegible a partir del 1 de julio de 2015.
Estar dentro de un grupo u otro supone más o menos
beneficios. Por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio en
el Grado III supone que una persona acuda a ayudar al
dependiente 70 horas semanales y los de Grado II tienen
derecho a 45 horas. Sin embargo esta horquilla de tiempo
bajó con el decreto ley del año pasado. Antes eran 95 y 55
horas respectivamente.
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