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La Fiscalía solicita una multa de 103.950 euros de multa
y una pena de prisión de tres años y seis meses de prisión
para Miguel Q., el hombre al que ayer enjuiciaron por un
delito contra la Salud Pública. La fiscal aseguró que el
relato del acusado estaba lleno de contradicciones. El
imputado afirmó que era inocente y que una condena
arruinaría su vida porque se iba presentarse a alcalde de
Sant Cugat (Cataluña).
El Ministerio Fiscal solicitó ayer una multa de 103.950
euros de multa y una pena de prisión de tres años y seis
meses de prisión para Miguel Q., el hombre al que
enjuiciaron por un delito contra la Salud Pública. Asimismo,
la responsabilidad personal subsidiria en caso de no pagar
la multa pidió que fuera de 120 días.
El acusado, residente de Sant Cugat del Valles, declaró que
visitó Marruecos en diciembre de 2012 para realizar una
serie de contactos y reuniones laborales en el sector de la
construcción. Asegura que él en ningún momento supo que le
habían introducido droga, con un peso superior a 19 kilos,
en su vehículo, y que no estuvo presente cuando los agentes
de la Guardía Civil sacaron la droga.
Por su parte, el Ministerio Fiscal en sus conclusiones
definitivas interesó una sentencia condenatoria y afirmó que
la declaración del acusado estaba llena de “incongruencias”
respecto a la fase oral.
Asimismo, la fiscal aseguró que existía un atestado firmado
por el Miguel Q. que declaraba que sí había estado presente
en la extracción de la droga del vehículo. La fiscal también
indicó que el acusado tuvo que pedir dinero 1.000 euros a su
hijo para comprar el vehículo de segunda mano con el que fue
a Marruecos en diciembre.
En el turno de la última palabra, el acusado afirmó que él
pidió a su hijo el dinero porque no quería sacar el suyo del
banco. pero que él era “como Barcenas” y que empresas le
pagaban “6.000 euros por 15 días de trabajo” y ese dinero lo
guardaba “en casa”.
Miguel Q. afirmó que era inocente y que una sentencia
condenatoria truncaría su carrera política porque pretendía
presentarse a alcalde de Sant Cugat del Valles y al
Parlament de Cataluña.
La letrada de la defensa solicitó la absolución de su
representado porque existe la “duda razonable” sobre su
culpabilidad y debía prevalecer la presunción de inocencia.
También aseguró que mientras el intentaba hacer negocio
introdujeron la droga.
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juicio
