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Los padres de la Constitución
española aparcaron ideologías y obviaron conflictos pasados
en beneficio de la construcción de un proyecto común la
Constitución Española. A partir de ese mismo instante, los
ciudadanos adquirimos un conjunto de derechos y libertades,
pero también de deberes, todos ellos de obligado
cumplimiento. No podemos olvidar que nuestros derechos
terminan cuando comienzan los derechos de los demás.
Los hechos demuestran, una vez más, que el progresismo
español olvida esta equidad, para ellos tan solo existen los
derechos mientras exigen las obligaciones a los demás. La
izquierda española pretende alcanzar en la calle lo que
perdió legítimamente en las urnas, utilizando todo los
medios a su alcance, y apropiándose de un supuesto apoyo
ciudadano cuando la realidad es diametralmente opuesta,
fueron desalojados democráticamente del Gobierno por
incapacidad manifiesta.
Algunos navegan interesadamente por la historia obviando que
la España franquista finalizó con la muerte de su precursor.
Desde ese mismo instante todos, absolutamente todos
abandonamos un sistema totalitario para emprender un nuevo
camino guiado por un documento aprobado mayoritariamente por
todos los españoles, la Constitución Española que sitúa la
soberanía nacional en el pueblo, de quien emana los poderes
del Estado. Un Estado cuya forma política es la Monarquía
parlamentaria.
Es el momento oportuno para recordar el artículo seis del
Título Preliminar de nuestra Ley de Leyes “Los partidos
políticos expresan el pluralismo político, concurren a la
formación y manifestación de la voluntad popular y son
instrumento fundamental para la participación política. Su
creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro
del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura
interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. En
definitiva, a pesar de las circunstancias actuales, la
sociedad española tiene la obligación de consolidar
definitivamente un modelo democrático sustentado en siglos
de historia.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
