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La Sección VI de la Audiencia
Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado en esta semana a
dos miembros de la Policía Local a la máxima pena por un
delito de detención ilegal y otro de falsedad. Los hechos
juzgados se remontan al año 2008 cuando dichos agentes
fueron requeridos para atender una llamada de auxilio
efectuada desde el Centro de Salud del Recinto Sur. Una
intervención rutinaria que se convirtió en la mayor de las
pesadillas para quienes desempeñaban con diligencia labores
fundamentales en el mantenimiento de la convivencia en esta
ciudad.
Una convivencia cada vez más debilitada como consecuencia
del incremento en la inseguridad, y más concretamente tras
una serie encadenada de actos delictivos acaecidos en los
últimos meses, que demuestran fehacientemente el grave
deterioro experimentado en una ciudad sometida a la barbarie
de quienes disfrutan de todos sus derechos, pero no de sus
obligaciones. Cuestión a dictaminar por quien asume en
exclusividad esta competencia, un Poder Judicial al que
corresponde decidir donde finalizan los derechos de estos
individuos y donde comienzan los derechos de quienes
respetamos las leyes españolas y los derechos de quienes
velan por su sostenimiento, los cuerpos de seguridad.
Cuando sentimientos de desmotivación y desesperanza embargan
a los integrantes de la plantilla de la Policía Local de
Ceuta, regresa a mi memoria las palabras de apoyo
pronunciadas por el Delegado del Gobierno, Francisco Antonio
González Pérez, ante los medios de comunicación, en defensa
de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado bajo su dirección “lo que no se puede hacer es
comparar a la policía con los delincuentes”. En definitiva,
desde este pequeño espacio de opinión expreso mi apoyo
incondicional a todos los profesionales encuadrados en el
cuerpo policial más cercano al ciudadano, la Policía Local.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
