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sociedad - JUEVES, 25 DE ABRIL DE 2013

 

union sindical obrera

USO seguirá sin estar en la mesa de
negociación tras una sentencia desfavorable

CEUTA
José Manuel Rincón

ceuta
@elpueblodeceuta.com

Desde primeros del pasado año 2012, la Unión Sindical Obrera (USO) viene solicitando a la Ciudad que se le convoque a la mesa general de negociación, algo que USO denunció el 23 de febrero del pasado año en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y cuya sentencia ya ha sido emitida, siendo esta negativa para los intereses de USO.

USO ha venido reclamando su derecho a ser convocado a cuantas reuniones de la mesa general de negociación se celebraran para tratar asuntos que afectaran a trabajadores así como que también se le facilitara la información necesaria para que puediera ejercer el derecho de representación y defensa de los trabajadores.

Para dicha central sindical, prueba de que se estaba cometiendo una ilegalidad al no convocarles a la mesa de negociación, tal y como resaltaba en aquella ocasión su delegado en la Administración Local, Manuel Benítez, es que el representante de este sindicato en el área de Sanidad, Javier Montero, si es convocado a la Mesa Delegada del Ingesa. A este respecto, Montero resaltó en junio a EL PUEBLO que esta misma situación ya la vivió él en su área pero que tras la pertinente denuncia se emitió una sentencia que le daba la razón a USO, de ahí su comparecencia en la citada Mesa Delegada del Ingesa.

USO ha intentado buscar el amparo en la ley sindical para que ese 10% de representatividad necesario para asistir a la mesa de negociación y el cual si poseen a nivel nacional se irradiara hasta Ceuta tal y como así se recoge en la ley sindical, pero finalmente, el Juzgado no le ha dado la razón, pese a que desde USO se ha venido manifestando que existe jurisprudencia sobre esta circunstancias y finalmente se ha tenido que aceptar la participación en las mesas de negociación de los sindicatos afectados.

Finalmente, hay que destacar que el juez estima la causa de inadmisibilidad, al considerar que existe una falta de legitimación aducida por la administración demandada.
 

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